La declaración conjunta firmada por Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, Hijos, la Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas- CONADI), la Asociación de Ex presos políticos y el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez, entre otros organismos, señala que los imputados usan "las editoriales del diario La Nación" para ejercer su defensa mediática y "deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal", representado por el fiscal federal ad-hoc Pablo Pelazzo, y del juez Poviña.

Los organismos indican que con ese fin "seleccionan a su gusto actos procesales y pruebas que dicen favorecerlos, pero omitiendo el resto de las pruebas que los incriminan", como la resolución del procesamiento, publicada en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.

Además, el documento resalta que el procesamiento ordenado por Poviña en noviembre de 2012 sobre Blaquier y Lemos tuvo como base "una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa" como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura.

"Esta acción psicológica sobre la opinión pública no constituye un hecho aislado. Pone en juego todo el poder fáctico que está al alcance de la corporación que estas personas representan, en este caso a través de sus operadores mediáticos", sentenciaron.