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La resolución del TEDH, que es definitiva y no admite recurso, dice que España vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no recortar la condena de Del Río y ordena la puesta en libertad de la etarra al rechazar el recurso interpuesto por España.

El fallo además obliga al gobierno español a indemnizarle con 31.500 euros en concepto de daños morales y costas del procedimiento judicial. Un pago que no se solventará al computarse con la deuda que mantiene la condenada con el Estado, que pagó a las víctimas de sus atentados una serie de indemnizaciones al declararse la condenada "insolvente".

La llamada "doctrina Parot" es una jurisprudencia que persigue el cumplimiento de la totalidad de las penas para delitos de terrorismo e impedía en España, desde 2006, que presos como Del Río quedaran en libertad al aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas y no sobre la permanencia máxima en prisión, de 30 años.

La Audiencia Nacional de España celebrará un pleno mañana para resolver la libertad de la integrante de ETA, anunciaron fuentes del tribunal. Será también la encargada de revisar las condenas de otros presos etarras que así lo soliciten.

Además de prisioneros pertenecientes a organizaciones como ETA o los GRAPO --organización armada de extrema izquierda--, entre los potencialmente beneficiarios del fallo judicial figuran otros delincuentes con tres o más condenas, entre ellos asesinos y violadores.

El ministro español de Justicia llamó a la tranquilidad y quiso dejar claro que la sentencia "no afecta" a aquellos delincuentes condenados por delitos después de la entrada en vigor del código penal de 1995.

El gobierno español afirmó que la sentencia del TEDH no cambiará su política penitenciaria y que "no le temblará el pulso" en las actuaciones contra ETA, como la que desarrolló recientemente contra una organización de apoyo a los presos.

"Si las decisiones de la Justicia conllevaran eventuales excarcelaciones, el gobierno velará para que no se produzca un enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas" por parte de los liberados, explicaron los ministros.