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En los operativos, realizados en oficinas y viviendas particulares los policías se incautaron de "gran cantidad de documentación y soportes informáticos" que acreditarían la intervención de distintas personas "en la comercialización de terrenos" en asentamientos cercanos.

En la pesquisa que dirigen los fiscales Gabriel Unrein, Carlos Fel Rolero, Martín López Zavaleta y Jorge Ponce intentan determinar si un grupo de familias organizadas en torno a las villas cercanas utilizan a "personas carenciadas para ocupar terrenos que luego se comercializan por otros medios", indicó la fiscalía.

Sobre el pastizal ubicado en el cruce de avenida Fernández de la Cruz y calles Pola y Escalada se afianzó este fin de semana la ocupación con la construcción de casillas, enganches en las redes de electricidad y la colocación de carpas y sillas donde durante el día conviven varias familias con niños.

En tanto, las autoridades y los dirigentes barriales que acompañan la ocupación esperaban que en los próximos días la justicia defina la situación dado que restaba resolver un amparo presentado en nombre de los ocupantes para que luego se decida si amerita un desalojo como el que ordenó el viernes el juez Gabriel Vega, quien finalmente lo suspendió.

El caso llegó hasta el discurso de la presidenta Cristina Kirchner ante la asamblea legislativa, donde reclamó una "justicia ágil" para resolver el problema. La jefa de estado reveló haber hablado con Mauricio Macri por el tema, ante los planteos de la ciudad por falta de colaboración de la Policía Federal, y señaló: "Convinimos que si el fiscal hubiera estado en el momento indicado, había 10 o 12 personas, hubiera sido posible el desalojo sin hacer ningún desastre".