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El informe, que es un adelanto del libro "Derechos Humanos en Argentina. Informe 2014", sostiene que la "extensión en el tiempo y la información que se produce en el marco de los juicios" contra las Fuerzas Armadas "ampliaron los límites de la investigación penal" y dejaron en evidencia la "responsabilidad de civiles".

Para sostener esa hipótesis, el documento precisa que hasta marzo de 2014, son 297 los civiles investigados, el 13 por ciento del total de 2239 imputados, lo que refuerza la idea de que la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 fue "cívico-militar".

Los tipos de civiles acusados van desde funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia, integrantes de la Iglesia Católica, empresarios y apropiadores de menores. Sin embargo, el informe plantea que si bien "se profundizaron las investigaciones" sobre los civiles, "la Justicia actúa con diferentes criterios frente a este tipo de responsabilidad". Para ejemplificar esta conclusión, se indica que de siete sacerdotes implicados en delitos de lesa humanidad, entre los cuales sólo uno está condenado.

Además, el documento resalta que es "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia, siendo estos los más cercanos al aparato clandestino de represión. "En 2010 se hicieron públicos listados con miles de nombres, pero en cuatro años no fue analizado aún en detalle. En la actualidad, son 70 los investigados por la Justicia", precisa.

En tanto, los números de procesados señalan que "los funcionarios judiciales y los integrantes de empresas o grupos económicos son los dos tipos de civiles sobre los que se avanzó con mayor firmeza en los últimos dos años".

En relación con los funcionarios del Poder Judicial, se detalla que representan el 20 por ciento de los civiles investigados y se cuestiona que la Justicia siga considerando que su participación no fue "orgánica". "Numerosos fallos marcan un fenómeno que contradice ese supuesto accionar aislado, como el rechazo masivo de hábeas corpus, las costas, el archivo o la falta de solicitud de medidas de prueba", aporta el informe.

En ese sentido, el Cels sugiere que "el juicio que se realiza actualmente en Mendoza" podría ser "una oportunidad histórica de sentar precedente respecto de la contribución del Poder Judicial al plan represivo".

Según se indica, fueron relevantes los procesamientos a miembros de empresas que colaboraron, lo que dejó como resultado que en 2013 muchas causas que se encontraban obstaculizadas hayan avanzado, como fue el caso de Ford y el procesamiento de sus directivos, o el caso de Acindar, que comenzó a dar señales de movimiento. Sin embargo, otras causas permanecen estáticas, como Mercedes Benz.

Por ello, sigue el informe, la experiencia de los juicios por las causas Ledesma y La Veloz del Norte, que podrían comenzar este año, serían clave para analizar el rumbo de estos casos.

"La investigación penal de la complicidad civil es una oportunidad única para reflexionar sobre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de una sociedad democrática, el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos conómicos en los proyectos de país", concluye el informe.