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Los lineamientos del fallo de esta causa, que data de 2008, se basaron en una resolución que la Corte dictó en diciembre de 2013 sobre el acceso a la información, caracterizándolo como "derecho humano fundamental", cuyo fundamento está en que el Estado dé a conocer a la población el modo en que los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

"La información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno", indica el texto publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).

El voto de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Carlos Maqueda concluyó que el Estado está "obligado a permitir a cualquier persona acceder a ella en tanto no se refiera a datos 'sensibles'", motivo por el cual los datos habían sido negados por el Ministerio de Desarrollo Social cuando le fueron solicitados.

"Datos sensibles", definió el fallo, son "los que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas". Y en su criterio, el pedido de CIPPEC "no se refería a ninguno de los aspectos señalados".

Por este motivo, "la negativa del Estado nacional" a brindar esa información "carecía de sustento legal y las razones brindadas para fundar esa decisión aparecían como meras excusas para obstruir el acceso a la información".

Por su parte, los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay votaron en el mismo sentido pero por separado. Consideraron que "es inadmisible" el argumento de la cartera que encabeza Alicia Kirchner de que al brindar esos datos se pondría en evidencia la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios, y consideraron que "no es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables".