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"Durante el proceso de promoción de los oficiales de la Policía de la Provincia, las organizaciones sociales del lugar donde aquellos prestan sus servicios, podrán pronunciarse sobre las condiciones personales y profesionales" de los propuestos", detalla el artículo 3 de la norma publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

La audiencia pública será convocada "antes de que el oficial -en condiciones de ascender- sea propuesto a la Junta de Promoción" y en ella "no podrá estar presentes ni asistir el personal policial, cualquiera fuera su situación de revista". En tanto, las organizaciones de la sociedad civil que podrán hacer saber su parecer respecto de "la actuación del oficial y sus condiciones personales, morales, profesionales y de servicio" serán las religiosas, gremiales, empresariales, centros de jubilados, vecinales y asociaciones sin fines de lucro.

Las opiniones expresadas durante la audiencia "serán consignadas en un acta, que luego se elevará a la Junta de Promoción y a la autoridad de aplicación", que deberá ponderar "su contenido para receptar o rechazar las posiciones" expresadas por los ciudadanos, que deberán ser acompañadas junto con la propuesta de ascensos.

La ley exige que, para cumplir con el cometido previsto, se implemente "un amplio proceso de difusión" de este programa tendiente "a obtener la sensibilización y concientización de la ciudadanía y de los propios funcionarios policiales".

La norma faculta al Poder Ejecutivo a "implementar esta normativa de manera gradual y progresiva, en todo el territorio provincial, en un plazo de dos años", al tiempo que lo faculta para "efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento" a la ley.

La necesidad del control ciudadano había sido reclamada por la oposición tras el autoacuartelamiento del 3 y el 4 de diciembre del año pasado, que derivaró en saqueos y robos, bajo la complacencia de las fuerzas de seguridad.