Miércoles, 28 de mayo de 2014 | Hoy
18:26 › CONGRESO
La iniciativa, que se propone paliar las trabas que tiene la industria para exportar ante las restricciones impuestas por la Unión Europea, obtuvo una amplia mayoría de 63 votos a favor y sólo dos abstenciones tras un debate que duró casi cuatro horas. El orden del día incluye también el proyecto para crear el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, que reemplazará a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y la aprobación de una lista de candidatos a jueces, fiscales y defensores.
La norma fue sancionada en general por 63 afirmativos, de la totalidad de los bloques parlamentarios, y 2 abstenciones de los senadores de FAP UNEN, Fernando Solanas y Magdalena Odarda, aunque el resto de sus compañeros de inter-bloque, Rubén Giustiniani, Jaime Linares, Luis Juez y Norma Morandini, votaron a favor.
La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y aprobada a principios de mayo por la Cámara de Diputados, exime de la alícuota del 22 por ciento al biodiésel que se utiliza para la generación eléctrica y del 19 por ciento al combustible hasta el 31 de diciembre de 2015.
Mientras Aníbal Fernández, miembro informante del oficialismo, defendió la propuesta para incentivar el incremento de la actividad en el país, antes de la votación, el radical Ángel Rozas confirmó que su bloque acompañaría "favorablemente" el proyecto, a pesar de tener "algunas disidencias en términos políticos y en términos técnicos". El legislador chaqueño señaló que "creemos que estas medidas fiscales desde luego son positivas" pero objetó el plazo durante el cual regirán las exenciones, y remarcó que "necesitamos salir del cortoplacismo; la gente está pidiendo políticas sustentables con horizonte de previsibilidad", agregó, y concluyó que se trata de "medidas positivas pero insuficientes".
Al cierre del debate, Fernández rechazó las críticas opositoras, cuyos voceros consideraron que las trabas de la Unión Europea eran una represalia por la expropiación de YPF (como había indicado la puntana Liliana Negre de Alonso) y dijo que en realidad se trató de "una medida proteccionista de los países centrales contra países en desarrollo".
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