Fuentes de la casa real confirmaron que "los miembros de la familia real solamente podrán desarrollar, con carácter de exclusividad, actividades de naturaleza institucional", de tal manera que ni Juan Carlos y Sofía ni la reina Leitizia, ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, podrán tener un trabajo más allá de la actividad remunerada que desarrollan como representantes de la Corona.

la decisión del monarca, de 46 años, se interpretó como una respuesta al caso de corrupción en el que está imputada su hermana, la infanta Cristina, y en el que su cuñado, Iñaki Urdangarin, está acusado de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto con su exsocio, cuando ambos estaban al frente de una organización sin fines de lucro.

A Cristina, el juez le imputa dos delitos fiscales y uno de blanqueo de dinero, cometidos supuestamente al ayudar a su marido. La infanta y Urdangarin está apartados de la agenda oficial de la casa real desde finales de 2011. Con la proclamación de Felipe VI como rey, tanto ella como la otra hermana del monarca, la infanta Elena, dejaron de formar parte de la familia real, que se compone de los reyes, sus hijas y los padres del rey.

Además, el monarca decidió someter las cuentas de la Corona a la Intervención General del Estado, a modo de auditoría externa, una medida que otras casas reales europeas impusieron ya antes. Esas cuentas son auditadas ya desde 2007, cuando el rey Juan Carlos creó un cargo de interventor para el control de la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable, pero la auditoría es interna.