El gobierno español de Mariano Rajoy la impugnó el viernes ante el Tribunal Constitucional y este decidirá esta semana si admite a trámite el recurso. De hacerlo, la consulta quedará automáticamente suspendida cinco meses, tiempo en el que la corte dictará sentencia. Es lo que ya ocurrió con el reférendum de autodeterminación que inicialmente convocó el jefe del gobierno catalán, Artur Mas, para la misma fecha y con la misma pregunta.

Tras la suspensión por parte del Constitucional renunció a celebrarla y llamó a la consulta no oficial para medir el sentimiento independentista en la región española, de 7,5 millones de habitantes. La votación carece de censo previo -los votantes tendrán que inscribirse antes- y de las medidas de supervisión y control habituales en los procesos de votación.

"Todo estará a punto y el día 9, de una forma u otra, espero que a través de las urnas, la voz de los catalanes se expresará", dijo al diario catalán la vicepresidenta catalana Ortega. Ante la pregunta de si su gobierno puede asegurar la celebración de la consulta, dijo: "La voluntad con la que trabajamos es ésta, pero en estos momentos no se puede asegurar al cien por cien".

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido secesionsita que sostiene a Mas y a su formación, CiU, en el Parlamento regional, volvió a defender hoy la desobediencia en caso de que el Tribunal Constitucional suspenda la consulta alternativa al referéndum. "Los políticos tenemos la obligación de responder al mandato del pueblo y eso es lo que haremos: cumpliremos con nuestra palabra", dijo el diputado Alfred Bosch.