El encuentro se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado. Según la presidenta de la Comisión, la jujeña Liliana Fellner, la intención del oficialismo es debatir el proyecto durante las próximas tres semanas, con la idea de que sea aprobado luego por el pleno del cuerpo el miércoles 26 de noviembre. Los senadores pasaron a un cuarto intermedio hasta el jueves.

Durante su exposición, el ministro de Planificación, Julio De Vido, declaró que el proyecto de ley "reivindica el plan de telecomunicaciones impulsado por Néstor Kirchner en 2003 y continuado por la presidenta Cristina Fernández, con el cual se lograron resultados notables en accesibilidad, federalismo, desarrollo de la industria nacional y soberanía nacional, que es el parámetro de todas nuestras políticas".

El funcionario aseguró que la ley "pretende incluir, y que ese acceso universal a las telecomunicaciones se realice a lo largo y a lo ancho de la Argentina y que no quede ninguna región excluida". Destacó el rol que tendrán las cooperativas y las pymes y aseguró que lo que se busca es "promover el rol del Estado como planificador del área y la competencia" así como "garantizar el derecho humano de las comunicaciones y el "interés público estableciendo la completa neutralidad de las redes a los fines de facilitar el acceso a las comunicaciones con los más altos parámetros de calidad".

De Vido aclaró que "se excluye de su objeto cualquier tipo de regulación sobre el contenido" y afirmó que "respecto a la adecuación, la nueva ley no perjudica ni beneficia a nadie" sino que "mejora los servicios para los usuarios y aumentará la competencia". "Se incentivará la función e inclusión social como así también la competencia, la industria nacional y la generación del trabajo", insistió el ministro.

En tanto, el secretario de Comunicaciones de la Nación, Norberto Berner, consideró que "el hecho de que el acceso y el uso de las redes sea declarado servicio público es la manera de poder garantizar la calidad y eliminar las asimetrías". Puso como ejemplo lo que sucede en algunos municipios donde "algunas concesionarias tienen que soterrar la fibra y otras lo pueden hacer vía aérea". "El que tiene que soterrar tiene costo muchísimo más grande", explicó.

"Esta ley no viene a tirar por la borda a todos los que tienen licencias en Argentina. En todo caso los vamos a convocar a todos para ordenar", dijo Berner y precisó que de 1350 licencias de telecomunicaciones registradas en todo el país sólo cuatro o cinco llegan a los hogares. "¿Dónde está el resto?", se preguntó. "No tiene acceso a las redes y tiene que construir una red a precios exorbitantes al lado de una red que ya existe", aseveró.

También destacó que la normativa "no contradice las leyes vigentes", afirmó que "es fundamental incorporar el uso satelital en esta ley", algo que -dijo- "era una quimera en 1972 en Argentina porque no se producían satélites propios como ahora". "Argentina -subrayó Berner- está ahora en ese selecto club de ocho países que pueden brindar ese servicio", y agregó como beneficio de la nueva ley el hecho de que se eliminará la denominada comunicación de larga distancia nacional.

A su turno, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich consideró que la norma no sólo "modernizará" el sistema de telecomunicaciones sino que "debe ser vista como un hecho trascendente por el hecho de que busca lograr una plena inclusión social" y "universalizar el servicio en todo el país".

Capitanich explicó que la iniciativa regula el marco jurídico y destacó "la recuperación de la soberanía del país en materia de telecomunicaciones, propiciando -a través de dos empresas del estado (Invap y Arsat)-, la capacidad para fabricar un sistema satelital autónomo".