Barcesat denunció a los impulsores del "compromiso público": Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando 'Pino' Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luis Juez, y también a cualquier otro senador que pueda resulta implicado en la pesquisa.

El abogado citó el artículo 230 inciso 2 de Código Penal que prevé hasta cuatro años de prisión para quienes se alcen "públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales".

La Corte Suprema quedó con una vacante a raíz de la renuncia de Zaffaroni, quien dejará su cargo a fin de este año.