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Otro de los elementos de "prueba" cuestionados había sido el reconocimiento de uno de los dos jóvenes al que, antes de una rueda de reconocimiento, la policía le cortó el pelo tal como lo tenía el rostro del identikit del asesino que había sido confeccionado sobre la base de la declaración de testigos del crimen, ocurrido el 1 de octubre de 2011, en Castelar, partido de Morón.

El fiscal Marcelo Varona Quinternosian había pedido perpetua para la pareja, mientras que abogado, Eduardo “Negro” Soares, reclamó la nulidad del proceso y la absolución. En su momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amicus curiae (amigos del tribunal) ante la Justicia, para dar su opinión sobre la causa. “El CELS ha observado que el caso de Gómez y Romero presenta una serie de particularidades que requieren de especial atención de la Cámara y que podrían determinar que nos encontramos frente a una causa armada, en el sentido de que se direccionó la investigación hacia los imputados sin prueba determinante”, según dice el escrito firmado por la directora del Area Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky.

El defensor Eduardo Soares, al comienzo del juicio, había pedido la nulidad de la investigación de primera instancia, impulsada por el fiscal Matías Rapazzo, que apeló la absolución que había dictado la jueza de Garantías de Morón Mónica López de Osornio. El caso llegó a su instancia oral y el fiscal del juicio, Marcelo Varona Quintian, mantuvo la acusación y pidió la prisión perpetua de la pareja por los delitos de “robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causae”.

Soares afirmó, luego de los alegatos finales de la defensa y la acusación, que “pedimos la absolución de los dos imputados y también que los jueces del Tribunal Oral Nº 5 dicten la nulidad de varios de los procedimientos que la fiscalía adjuntó como pruebas”.

En la lectura de la sentencia, la pareja acusada y sus familiares fueron acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, además de miembros del Servicio Paz y Justicia, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, y Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, entre otros.