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"Dada esta preocupación por la posible complicidad de las autoridades del Gobierno local y del Ejército, es de máxima importancia que se exploren exhaustivamente todas las líneas de investigación y que no quede piedra por remover", remarcó la directora para América de AI, Erika Guevara, luego de que los familiares de los 43 estudiantes denunciaron que integrantes del Ejército podrían estar involucrados en la desaparición de sus hijos, el pasado 26 de septiembre en Iguala, tras un ataque a tiros perpetrado por policías locales.

Los familiares de las víctimas reclamaron al Ejecutivo que les permita buscar a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en cuarteles militares, lo que ya fue aceptado, aunque las autoridades rechazan tajantemente la participación de las fuerzas federales en la represión del 26 de septiembre.

Guevara aseguró que Amnistía tiene "toda una lista de motivos de preocupación sobre la forma en que se ha llevado la investigación", y entre ellas se preguntó si fueron tratados "exhaustivamente todos los delitos, incluidos la desaparición forzada y el homicidio de seis personas durante el ataque inicial a los estudiantes".

Amnistía hizo el balance de la investigación de la fiscalía dos días después de que se anunciara que forenses austríacos no habían podido identificar bajo métodos rutinarios 16 restos calcinados que se cree pueden corresponder a los estudiantes, por lo que recurrirán a otra técnica que puede tardar tres meses más.

Hasta ahora, solo uno de los 43 jóvenes -Alexander Mora Venancia, de 21 años- fue identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck a partir de los restos hallados en un basural en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, donde miembros del cártel Guerreros Unidos dijeron haberlos incinerado.