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Thomas Schultz-Jagow, director de comunicación de la organización, aclaró que el objetivo de Amnistía Internacional es "establecer un marco jurídico en el que todas las actividades del comercio sexual se despenalicen", inclusive el proxenetismo. "Es un día histórico para AI. No fue una decisión fácil de adoptar y damos las gracias a todos nuestros miembros de todo el mundo, así como a los grupos que hemos consultado", agregó en un comunicado Salil Shetty, secretario general de la entidad.

Convencidos de que "la criminalización del trabajo sexual consentido entre adultos puede resultar en un aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales", la ONG hará una campaña para que no se persiga a las prostitutas, ni tampoco a los clientes o a los proxenetas y administradores de burdeles que no fuercen a las mujeres.

La Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW, en inglés), respondió a través de una carta abierta firmada por Kate Winslet, Meryl Streep y otras 8500 personas, afirmando que la imagen de Amnistía se verá "gravemente dañada (...) al ponerse más del lado de los explotadores que de los explotados". "No hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a los explotados haya que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido", advirtió la directora ejecutiva de CATW, Taina Bien Aime.

La organización Equality Now, que defiende los derechos de las mujeres, por su parte, manifestó su acuerdo en despenalizar el trabajo de las prostitutas pero rechazó firmemente a hacer lo mismo con clientes, proxenetas y administradores de burdeles. "La legalización de quienes explotan a las prostitutas no es el camino correcto", dijo Esohe Aghatise, ya que "la demanda comercial de sexo alimenta el tráfico" de personas.

La falta de consenso acerca de un tema tan controvertido, se puso de manifiesto hace dos meses cuando Francia se unió a la minoría de países europeos que castigan a los clientes de la prostitución, grupo que integran Suecia, Noruega, Islandia, y el Reino Unido, mientras que en Alemania, Austria, Holanda y Bélgica la actividad está regulada o tolerada.