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El Consejo reunido en plenario sumó 11 votos a favor de la acusación, enjuiciamiento y suspensión de Montezanti, es decir los dos tercios que se requieren para iniciar la apertura del jury. Votaron a favor los consejeros Gabriela Vázquez, Julián Alvarez, Jorge Candis, Anabel Fernández Sagasti, Adriana Donato, Héctor Recalde, Gustavo Valdés, Angel Rozas, Ruperto Godoy, Pablo González y Miguel Piedecasas.

Los únicos consejeros que no votaron a favor del inicio del jury de enjuiciamiento fueron los los consejeros Leónidas Moldes y Luis María Cabral, ambos representantes del estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura.

"Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas en esta decisión", dijo la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, mientras emitía su voto, y agregó: "Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales de Bahía Blanca, y la desarticulación de la secretaría de Derechos Humanos de la Cámara demuestra su falta de compromiso con los valores democráticos".

Por su parte, Adriana Donato, representante de los abogados, señaló que las de Montezanti "fueron conductas muy graves", al tiempo que la diputada del Frente para la Victoria, Anabel Fernández Sagasti, recordó que "en Mendoza se está juzgando a dos camaristas por acusaciones similares a las de Montezanti". "Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos. No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Somos un país que tiene como bandera los derechos humanos y sobre todo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", agregó.

El consejero y diputado del FpV, Héctor Recalde sostuvo que "fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca" y por ellos es necesario "conocer la verdad y que se haga justicia".

El juez Montezanti, docente y presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, es investigado por su participación en 22 homicidios cometidos por la organización paramilitar conocida como Triple A entre 1974 y 1975, causa que llevan los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. También se lo acusa de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar.

El juez también enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad, y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, lo declaró en rebeldía después de que por tercera vez no se presentara a dar declaración indagatoria. Al plenario llegó un dictamen de 88 páginas que propone el inicio del Jury por "mal desempeño en sus funciones" y que fue impulsado por el consejero y secretario de Justicia, Julián Álvarez.