Miércoles, 25 de noviembre de 2015 | Hoy
16:30 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Los fiscales federales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron la elevación a juicio para 20 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 252 víctimas en Pozo de Banfield, uno de los mayores centros clandestinos de detención bonaerenses de la última dictadura. Entre los acusados están el exministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart y el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.
El requerimiento de Molina, fiscal general de La Plata, y Nogueira, fiscal ad hoc, comprende a 15 exjefes e integrantes de Inteligencia del Ejército, dos exfuncionarios civiles de la dictadura y tres expolicías.
Los exfuncionarios civiles incluidos en el requerimiento que la fiscalía presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak son Smart y su secretario en el desempeño de esa función, Juan María Torino, ambos acusados por el papel que les correspondía de contralor sobre la Policía bonaerense.
"El objeto de este requerimiento está referido a distintos hechos que se relacionan con la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violencia sexual, homicidios y la sustracción, retención y ocultamiento de las víctimas, todos integrados al plan criminal implementado durante la última dictadura", indicaron los miembros de la Unidad Fiscal.
Es la primera vez que esa unidad acusa por delitos sexuales en el requerimiento de elevación a juicio, aunque en otras causas pidió ampliar la imputación por esos hechos ya en la instancia de los debates orales y públicos.
En este aspecto de la acusación, reseñaron los testimonios de víctimas sobrevivientes y de otros testigos de diversos hechos para señalar finalmente que "la violencia sexual fue parte del conjunto de crímenes cometidos" en el Centro de Detención.
Entre los represores imputados en la causa se cuentan el exdirector general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y el exsegundo jefe de la división Delitos contra la Propiedad, en cuya sede funcionaba el centro clandestino, Enrique Augusto Barre.
Entre los militares que llegarán a juicio se destaca el ex integrante del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata Ricardo Luis Von Kyaw, quien permaneció prófugo hasta que fue deportado de Panamá cuando las autoridades de ese país lo descubrieron con documentación falsa.
También serán juzgados el ex subjefe del Comando de la Subzona 11 Héctor Humberto Gamen, el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada Federico Minicucci y los integrantes de la inteligencia militar Miguel Ángel Amigo, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Ricardo Armando Fernández.
En igual situación se hallan los ex oficiales de inteligencia Gustavo Adolfo Cacivio, Jorge Héctor Di Pasquale, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Anselmo Pedro Palavezzati, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Antonio Herminio Simón.
El Pozo de Banfield funcionó en la localidad bonaerense del mismo nombre, en el partido de Lomas de Zamora, en un edificio que fue sede de diversos organismos de la Policía provincial, entre ellos la Brigada de Investigaciones y las divisiones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia.
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