"La prohibición fue comunicada ayer y hoy por personal policial apostado en el ingreso al edificio de Suipacha 765, CABA, a la directora de Fiscalización y Evaluación Sabrina Frydman y el personal de su área que intentó ingresar a cumplir con las tareas habituales", informó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de un comunicado. Recordaron que el organismo "realiza controles los 365 días del año para monitorear el cumplimiento de lo establecido en la ley 26.522".

“Tal como lo denunció el propio Martín Sabbatella durante el operativo de desalojo, la ley de medios está suspendida ‘de facto’, ya que al clausurar absolutamente el edificio de AFSCA no se están realizando las fiscalizaciones ni las tareas que el organismo realizó con normalidad hasta el jueves 24”, explicó el director nacional de Imagen y Comunicación Fernando Torrillate.

“No solo están suspendidos los controles de fiscalización. Si una frecuencia de aviación o de organismos de seguridad es interferida, con los riesgos de vida que pueden derivar de ello, no hay quien reciba la denuncia en AFSCA porque está clausurada", explicó, y agregó: "Si el Presidente de la Nación o un gobernador tienen la necesidad de realizar una cadena oficial, no hay quien les comunique a los medios la obligación de transmitirla". Puso como ejemplo que si el gobernador entrerriano quisiera hacer algún anuncio por cadena debido a las inundaciones en esa provincia, no cuenta posibilidades de hacerlo.

"Si un juez tiene que comunicar la búsqueda de un menor desaparecido, AFSCA no puede trasmitirle a los medios ese aviso de interés público como lo establece la ley, porque el organismo fue clausurado por Ercolini”, añadió Torrillate.

La clausura fue dispuesta el jueves por el juez federal Julián Ercolini, luego de que el fiscal Carlos Stornelli le solicitara el desalojo del edificio y el allanamiento. No se sabe hasta cuándo se extenderá la clausura del organismo, que fue intervenido mediante un decreto del presidente Mauricio Macri, ignorando los mecanismos legales para remover a los directores de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.