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Como en el Megafón de Marechal, la Argentina está siendo sometida a dos batallas, la visible y la invisible. El poder judicial es el campo visible y el medio son las acusaciones de corrupción y mala administración de los recursos públicos. Por tanto, el centro de gravedad de la confrontación está en la economía. Antes de continuar con el razonamiento hay que advertir que debemos distinguir dos planos: por un lado los comportamientos individuales y por otro el conflicto político. Para el primero es poco lo que se puede decir más allá de que “todos debemos ser esclavos de la ley” en especial los funcionarios aunque no sólo ellos y sólo la Justicia puede hablar en este sentido. Es parte de la sabiduría convencional afirmar que los funcionarios pasan mientras que los empresarios quedan. El segundo es el efecto político respecto de una de las herramientas fundamentales de la política económica como es la obra pública. El propósito final visible es cuestionar el poder del Estado para realizar y conducir una parte significativa de la variable Inversión, central para alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenibles.

Esta situación no es nueva, se ha presentado innumerables veces típicamente en dos variantes. Una es reduciendo el presupuesto destinado a la obra pública a su mínima expresión de modo que el sector privado se haga cargo conforme a las señales de mercado (rentabilidad). La segunda se basa en demostrar que el Estado es incapaz de llevar adelante la tarea de conducir la inversión del país. Tal renuncia significa nuevamente que la decisión queda bajo el sector privado y las señales de mercado. Por lo tanto, en ambos casos el propósito es que el sector privado se apropie de la decisión sin cortapisas.

Aún más, ampliando las miras a la situación de nuestra América del Sur vemos que hay una ofensiva muy similar en países que han tenido políticas de fortalecimiento de la conducción del Estado de la economía. De esta manera los niveles de necesidades de obras de infraestructura se amplían y en consecuencia la dimensión del mercado es económicamente exclusiva para las grandes corporaciones de Estados Unidos y Europa (Alemania, Francia e Italia) desplazando a las empresas nacionales grandes y medianas que hasta hoy eran la más beneficiadas. Y que, como ha ocurrido en el pasado en otros sectores productivos o en las privatizaciones de los 90, acordarán su desplazamiento sin demasiada oposición. Lo cual se ve reflejado políticamente, también.

Ahora bien, ¿cuál es el problema de seleccionar inversiones conforme lo indica el mercado? Pues bien, el ordenamiento se efectúa centralmente conforme la tasa de rentabilidad. Salvo alguna infraestructura de tipo social donde se corrige la decisión con consideraciones respecto del bienestar de los usuarios, las obras de infraestructura económica serán realizadas en orden a su tasa de rentabilidad. Es decir, las rutas serán bajo peaje, la energía eléctrica, la provisión de agua y el gas con tarifas “rentables”, etc.

Lo anterior supone asociar la tasa de rentabilidad con crecimiento y bienestar económico. Sin embargo, para nuestra economía como para las economías de la región que requieren de modificaciones en su estructura productiva, justamente la señal dada por la tasa de ganancia tiende a reproducir el funcionamiento de la economía sin cambio estructural, basada en recursos naturales.

Es decir, la política económica aplicada desde diciembre es el instrumento fundamental para concretar una alianza con los países más poderosos también en la Inversión Pública y en ese sentido se somete a los requerimientos de las grandes corporaciones de Estados Unidos y Europa, cuya contrapartida es menores salarios y peor distribución del ingreso. Desde el punto de vista del bienestar de nuestro pueblo cambiamos para peor.

* UNdAv - UNAJ - Ex Director Nacional de Inversión Pública.