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La participación de los trabajadores en el PIB retrocederá este año del 51,2 al 48,5 por ciento. La proyección para la redistribución regresiva del ingreso fue realizada por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), auspiciado por la CGT y las CTA. La magnitud de la caída será similar a la pérdida que siguió al derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón. En 1956 el poder adquisitivo cedió 6 por ciento mientras que el guarismo proyectado para este año asciende a 5,4 por ciento. La megadevaluación, la eliminación de las retenciones, los tarifazos, la aceleración inflacionaria y la bicicleta financiera habilitada por el Banco Central son algunos de los elementos que explican esa transferencia de ingresos. Las estimaciones del instituto dependiente del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra) y la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) acompañaron la presentación del “índice de inflación del movimiento obrero”. El guarismo que permite calcular el impacto de la disparada de los precios sobre los sueldos arrojó en julio un aumento mensual de 1,8 por ciento y acumuló un salto interanual del 45,4 por ciento. El impacto fue todavía más relevante sobre los trabajadores de menores ingresos. Las alzas registradas en alimentos y las tarifas explican que el guarismo para ese segmento haya trepado a 52,0 por ciento interanual en julio.

El informe del IET estima una caída del 7,9 por ciento en la capacidad de compra de los trabajadores, uno de los retrocesos más importantes de los últimos trece años. “La caída del salario real es una de las claves que explica que la participación asalariada en el PBI retroceda en 2016”, asegura el documento publicado ayer. Aunque significativa, la variación del salario real proyectada por el instituto para este año será menos pronunciada que aquellas registradas en otros episodios regresivos como los de 1959, 1976, 1982, 1989 o 2002. Entre los ganadores de la transferencia de ingresos inducida por la nueva política económica se destacan las compañías agroexportadoras, firmas financieras, grandes empresas de alimentos y grupos industriales.

A diferencia de la medición publicada por el Indec, la inflación que calcula el IET solo alcanza aquellos hogares donde el jefe de familia es un asalariado registrado (34,2 por ciento del total). Los datos del instituto indican que en lo que va del año la inflación de esos segmentos se explica fundamentalmente por los aumentos en el rubro Alimentos y bebidas y las subas en las tarifas de luz, gas, agua y transporte, con especial énfasis sobre los sectores de menores ingresos.

El secretario general del Suterh, Víctor Santa María, remarcó que el indicador confeccionado en la UMET cuenta con el apoyo de casi cincuenta gremios de la CGT y CTA, ya que lo consideran una “herramienta estratégica para la defensa de los intereses del movimiento obrero”. La apuesta del IET es que cada gremio que acompaña la iniciativa pueda tener números fiables sobre cómo afecta el avance de precios en el universo de sus afiliados. A través de un comunicado, el secretario de Estadísticas de la CGT indicó que la nueva conducción de la central obrera “profundizará la construcción de información desde los trabajadores para defender sus derechos”.

Las estimaciones realizadas por el Citra, que dirige la socióloga Marta Novick, y el IET, a cargo del economista Mariano de Miguel, permiten señalar que el salario promedio de un asalariado registrado le permite adquirir 28,6 por ciento unidades menos de tomates y 25,6 por ciento litros menos de aceite de girasol. La contracción en las cantidades (medida en kilos) que se pueden comprar con un sueldo medio llega al 12,3 por ciento en las papas y al 11,5 por ciento en nalga. El equipo de investigadores del IET que conforman Daniel Schteingart, Sergio Woyecheszen y Demian Panigo estimó que, en julio de 2016, el salario promedio compró 11,2 “changuitos básicos quincenales”, cuando un año atrás compraba 12,1 changuitos, una caída del 6,9 por ciento. En ese sentido, el titular de la CTA, Hugo Yasky, consideró que la aceleración inflacionaria “es la resultante de un programa de ajuste económico que contrae el mercado interno, aumenta el desempleo y disminuye el poder adquisitivo del salario, deteriorando fuertemente el nivel de vida de la población”.