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Esta semana empezará a ejecutarse el plan de seguridad para Santa Fe que, no sin desencuentros y recelos, pudieron acordar el gobierno del socialista Miguel Lifschitz y el de Mauricio Macri. Una redefinición en la relación de ambas administraciones, con desconfianzas mutuas, convocadas a la fuerza por una coyuntura que en Rosario se expresa en más de 130 homicidios en lo que va del año y dos marchas de una masividad inédita en protesta y reclamo de seguridad y justicia.

En las próximas horas arribarán alrededor de mil gendarmes más a la provincia que en 2015 el PRO perdió por apenas 1500 votos, con la misión de enfriar la violencia urbana y pretender mostrar una política nacional diferente a la del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en materia de seguridad interior. A pesar de que Lifschitz diga cosas como que “ahora sí hay una vocación de diálogo y de diseñar políticas en conjunto”, en Santa Fe no bajan la guardia y sospechan de la intención de fondo del macrismo. Por ahora caminan juntos, a la fuerza y con el cuchillo bajo el poncho.

Un par de meses antes, el tema principal de la agenda santafesina en Casa Rosada pasaba por definir el monto de la deuda histórica de Nación por coparticipación detraída, y que la Corte Suprema ordenó pagar a fines del año pasado. Y en eso estaba enfrascado Lifschitz, sopesando obras públicas a encarar, cuando Macri lo sorprendió con la guardia baja: “Es el gobernador que menos voluntad de colaborar tiene”, lo aguijoneó el Presidente. Y el duelo verbal empezó a recalentar hasta un nivel de real tensión política.

Hasta que la escalada de violencia urbana no lo picó, el gobernador del Frente Progresista había iniciado su mandato declamando que no quería fuerzas federales en la provincia. Pero una saga de homicidios resonantes en Rosario lo forzaron a variar la agenda.

Los chispazos recrudecieron luego de una áspera recepción de Bullrich a Lifschitz y a la intendenta rosarina Mónica Fein, el 30 de agosto. Estos habían ido con la expectativa de volverse a Rosario con un anuncio concreto sobre refuerzos federales, pero se toparon con una carpeta que la ministra les puso delante: un plan cerrado –un dirigente del PRO afirmó que era letra y música del propio Macri– que se parecía mucho a una intervención, o por lo menos a una auditoría de la Policía de Santa Fe, el huevo de todos los males según el análisis de los funcionarios macristas. En el gobierno santafesino opinan lo mismo, pero la sola mención de palabra “intervención” enfurece al gobernador. Hasta ese día, la conclusión era un “tómenlo o déjenlo”. Y el rosarino regresó con el dilema de aceptar la injerencia federal en su territorio o correr con todo el costo de los estragos que hace la delincuencia y el crimen organizado en Rosario y alrededores.

La piedra de la discordia era un capítulo en el borrador del plan que supeditaba la autoridad provincial a las decisiones del Ministerio de Seguridad. La pretensión de Patricia Bullrich era que uno de sus hombres estuviera a la cabeza del plan de seguridad y tomara decisiones para realizar controles cruzados en la fuerza provincial, incluso hasta sorprender con auditorías en las comisarías y con análisis de drogas y alcohol a los efectivos. Encima, la ministra dijo en esos días que Lifschitz se negaba a depurar su policía.

El gobierno del Frente Progresista reaccionó y mandó un paquete de leyes a aprobar a la Legislatura local, como la ley de decomiso, y alineó en la causa por seguridad a casi todos los 19 diputados y 3 senadores nacionales, del propio palo y de la oposición.

La escena siguiente mostró el viernes 9 al gobernador en un tono inusual para su habitual aplomo discursivo. “La ministra Bullrich es muy impulsiva y muy mediática. Yo trabajo con seriedad, no a través de los medios de comunicación. Si queremos hacer circo podemos hacerlo, yo también tendría muchísimos elementos para opinar en materia de seguridad, no creo que la Policía Bonaerense sea una policía europea, pero no lo hago porque soy serio”, lanzó.

Tras ello, quiso saltear a Bullrich y entenderse directo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, porque “tiene una mirada política sobre el país”. Se quejó porque “Santa Fe no recibe el mismo trato que otras provincias” y alertó sobre operaciones de servicios de inteligencia y de organizaciones mafiosas lanzados a desestabilizar su gobierno. El tono del gobernador fue similar al que utilizó cuando en enero se produjeron los primeros cortocircuitos con la ministra Bullrich mientras los tres prófugos del triple crimen de General Rodríguez eran buscados en territorio santafesino. Esa misma tarde, Frigerio anunció que el Presidente lo recibiría el lunes siguiente.

Lifschitz viajó a Buenos Aires esperando reunirse a solas con Macri, pero se llevó la sorpresa de encontrar a Bullrich sentada bien cerca de su jefe. Apenas se fueron los fotógrafos, los anfitriones desactivaron sus sonrisas de protocolo y le hicieron pasar al rosarino una hora y veinte minutos de seca frialdad. Entonces firmaron el texto corregido y vuelto a corregir, y a empezar.

El convenio establece que la conducción del plan será conjunta entre Nación y provincia, y que Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval interactuarán con la Policía de Santa Fe, y hasta acordaron en compartir accesos a las frecuencias de radio, algo que unos y otros recelaban. Pero la Policía provincial queda al margen de intervenir en delitos de orden federal: narcotráfico, compra venta de armas, trata de personas o lavado de dinero, que quedarán bajo directivas de Gendarmería. Un Comité Operativo Conjunto tendrá que presentar un plan concreto esta semana, y deberá contemplar control de rutas, de puertos fluviales y costas, tal como reclamaba la Casa Gris.

El viernes aterrizó Bullrich en Rosario para formalizar el inicio del plan de seguridad, y allí dejó algunas frases como para aflojar la tirantez. “El problema no es sólo de la provincia de Santa Fe. No venimos como salvadores, que lo sepa la Policía de Santa Fe. Si hay un policía de acá o federal que se cruza de bando, seremos implacables”, dijo la ministra.

Allí reveló, además, la constitución de una Procuraduría de Narcocriminalidad específica para Santa Fe, y la firma de un convenio para habilitar a Prefectura Naval a controlar los 30 puertos agroexportadores privados que funcionan en el litoral santafesino, casi todos en el Gran Rosario, y la hidrovía, lugares hasta ahora ajenos al control y sospechados de ser utilizadas para el narcotráfico.

El Ministerio de Seguridad estuvo sondeando en las últimas horas reservas de hostels y hoteles como para 500 hombres en Rosario, lo que sería la etapa inicial. Esta semana estarán en boca de todos en la cuna del Che Guevara y de Lionel Messi.