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La promesa de campaña de Cambiemos de otorgar un millón de créditos hipotecarios y construir por lo menos 400 mil viviendas en cuatro años se redujo a un máximo de 295 mil entre ambos conceptos. El violento recorte del Plan Nacional de Viviendas aparece como una de las mayores sorpresas del Presupuesto 2017 que el Gobierno envió al Congreso. En la página 5 del mensaje de la iniciativa se explica el nuevo alcance del programa: “Se prevé la construcción de 120 mil viviendas y la entrega de 175 mil créditos subsidiados, incluidos los préstamos Procrear, en los próximos tres años”. La noticia causó preocupación en la Cámara Argentina de la Construcción y en el gremio que conduce Gerardo Martínez, más allá de su persistente silencio, por el impacto que eso supone para la actividad, que hasta el año pasado venía de record tras record en producción y empleo. El 28 de octubre de 2015, el entonces presidente del Banco Ciudad y hoy ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, decía que Cambiemos generaría “un millón de créditos hipotecarios a tasa cero a 30 años, con indexación en función de la suba de cada salario”. El funcionario sostenía que tal como lo hacía el kirchnerismo, pero “con responsabilidad”, el gobierno de Mauricio Macri utilizaría los recursos de la Anses para “financiar un millón de créditos hipotecarios”. “Si bien los recursos son para los jubilados, tampoco se los puede tener inmovilizados”, razonaba, en referencia a los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El 6 de octubre de ese mismo año, el propio candidato a presidente anunciaba que se otorgarían un millón de créditos hipotecarios con cuotas similares a las de un alquiler, según reportó el diario La Nación en su cobertura del acto de campaña donde se formalizó la promesa, del que participaron Alfonso Prat-Gay, Federico Sturzenegger y Frigerio, entre otros. En esa ocasión también se precisó lo siguiente: “Se finalizarán 208.379 viviendas prometidas pero no terminadas por el gobierno actual y se construirán 100.000 viviendas nuevas por año. También se terminarán las 127.018 remodelaciones y mejoras en proceso y se lanzará un nuevo programa de mejoras para brindar soluciones en el lapso de un mandato”. De todo ese ambicioso plan, lo que queda en pie, según las proyecciones del Presupuesto 2017, que fijan metas hasta 2019, es la edificación de 120 mil viviendas nuevas y la distribución de 175 mil créditos subsidiados. Es decir, menos de una quinta parte de lo comprometido. De manera ambigua, el Presupuesto también menciona que “se contempla la urbanización de asentamientos, la entrega de microcréditos para refacciones y la escrituración de viviendas para aquellas familias que cuentan con su casa pero no con el título de propiedad. Se trata de un proyecto que abarcará todo el período de la gestión con avances constantes en todo el país”.

No es una novedad que el PRO mienta en campaña electoral con grandes anuncios de obras que luego quedan en la nada, empezando por los diez kilómetros de subte por año que anticipaba Macri antes de ser jefe de Gobierno porteño en 2007. El problema en este caso es que además de incumplir lo pactado en el contrato electoral, Cambiemos está destruyendo una política de Estado virtuosa en materia de viviendas, de empleo y de impulso a la economía como era el plan Procrear. De ese programa, el Gobierno solo conservó el nombre por la alta valorización social que reflejan las encuestas, pero dejó más de 30 mil viviendas de desarrollos urbanísticos a la deriva, desactivó una decena de proyectos en La Matanza, Berazategui y Rosario, entre otros, anuló las líneas de préstamos para construcción, refacción, ampliación y terminación de viviendas y compra de lotes para construir, que activaban al sector, canceló concursos para el otorgamiento de más préstamos y dio de baja a más de la mitad de quienes habían salido sorteados y que por alguna razón no habían empezado a recibir los desembolsos de los créditos. Así como la actual gestión de la Anses, a cargo de Emilio Basavilbaso, fue desmontando el plan Conectar Igualdad de entrega de netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas –en lo que va del año solo utilizó el 14 por ciento del presupuesto asignado–, en el área de viviendas el Procrear se convirtió en una caricatura de lo que era.

Por empezar, ya no son más créditos subsidiados por el Estado, sino préstamos que otorgarán catorce bancos a una tasa del 5 por ciento anual y ajustes por inflación, lo que los convierte en mucho más inestables, más cuando el Banco Central definió que el dólar se moverá según lo determine la oferta y la demanda. En los nuevos Procrear, el Estado solo aparecerá al final, cuando el titular del crédito escriture la vivienda, con la entrega de un aporte no reintegrable de 100 a 300 mil pesos. Los préstamos solo serán para compra de vivienda usada o a estrenar, con lo cual se pierde todo estímulo a la construcción y al empleo directo e indirecto asociado a ello. En su lugar, existe el riesgo de que se generen burbujas inmobiliarias especulativas por el aumento de demanda de casas y departamentos ya edificados. Si los vendedores saben que los compradores tendrán entre 100 mil y 300 mil pesos de ayuda estatal, es probable que aumenten los precios para sacar tajada, como ocurrió en su momento con los lotes para la construcción de viviendas. En aquel caso, lo que hizo el Gobierno fue generar suelo urbano desde la Nación, las provincias y los municipios para sortear a los especuladores. Ahora, en cambio, se pone la cabeza de quienes necesitan su vivienda en la boca del león. Esto incluye a los bancos, que tendrán clientes cautivos para llenarlos de tarjetas de crédito, paquetes de servicios y cobrarles cargos y comisiones más allá del préstamo hipotecario.

El 30 de septiembre la Anses adjudicará los primeros 25 mil créditos bajo la nueva modalidad del Procrear, que pasó a llamarse Solución Casa Propia. Ya no será con sorteos transparentes a través de la Lotería Nacional, sino en función de puntajes asignados por el organismo a cada solicitante, supuestamente merituando necesidades sociales. Esto abre una puerta a la discrecionalidad y a la corrupción, como se denunció profusamente en el pasado en el Banco Hipotecario Nacional.

Desde un costado económico, el Procrear que prestaba para la construcción y refacción de viviendas llegó a aportar un punto porcentual al crecimiento del PIB cuando alcanzó su mayor grado de desarrollo. En Mendoza hubo un momento en que faltaba mano de obra para los emprendimientos. Al 31 de diciembre de 2015, se habían adjudicado y desembolsado créditos a 153.294 solicitantes, algunos todavía en progreso de acuerdo al avance de las obras, mientras que otros 29.785 habían salido sorteados y estaban finalizando trámites para arrancar los trabajos. De estos últimos, más de 17 mil todavía siguen esperando y difícilmente puedan hacerse del financiamiento ya que la Anses los va dando de baja. En cuanto a los desarrollos urbanísticos, estaban en marcha 80 a fines del año pasado y 10 fueron cancelados, en tanto que los que permanecen activos sufrieron la paralización de las obras por falta de desembolsos de la Anses, reeditando imágenes de otros tiempos de proyectos abandonados por la desidia oficial. Todo esto impacta de manera directa sobre el sector de la construcción y el empleo, frenando proyectos y tirando por la borda lo que estaba previsto que fuera la segunda etapa del programa, con una apertura a la inversión privada.

En conclusión, la transformación del Procrear supone un golpe al desarrollo empresario, a los trabajadores y a quienes necesitan acceder a la vivienda. En lugar de ello, el Estado habilitará negocios a bancos y especuladores inmobiliarios y limitará a menos de una quinta parte lo que había prometido como Plan Nacional de Vivienda. De todo esto, Basavilbaso no explica nada en el Congreso, ya que se resiste a presentarse ante la comisión de seguimiento del FGS, adonde no fue nunca en nueve meses de gestión. Esta semana faltó a una nueva convocatoria.