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Debido a los desacuerdos alrededor de la iniciativa del Ejecutivo, que la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió (CC), había calificado de "inconstitucional", el proyecto oficial no será tratado mañana en la sesión de la Cámara de Diputados, tal como estaba previsto.

Por la mañana, el ministro de Justicia había pedido "desdramatizar" las críticas de la diputada por la Coalición Cívica al proyecto con que el Gobierno pretendía ponerle fin al cargo -hasta ahora- vitalicio de Alejandra Gils Carbó en la Procuraduría General de la Nación, y había anticipado que "si no se generan los consensos" necesarios para su aprobación no habría reforma. "Tampoco es nada grave", relativizó.

Un día antes de que el proyecto hubiera sido tratado en el recinto de la Cámara de Diputados, Germán Garavano reconoció que "a uno le hubiera gustado que la ley salga como la envió (el Poder Ejecutivo), no como se la va reformando. Pero son las reglas de juego de la democracia. Está muy bien que así sea, es una ley muy importante".

Carrió, socia de Cambiemos, criticó ayer que la propuesta, que ya contaba dictamen favorable de un plenario de comisiones de la Cámara baja, era inconstitucional porque habilitaba la intromisión del poder político en cuestiones relativas al Poder Judicial, y avanzaba en la designación de titulares de unidades especializadas cuando la Constitución define al Ministerio Público como órgano independiente y autónomo

Respecto de la posición de Carrió, el ministro señaló que la diputada quiere "el juicio político a Gils Carbó para desplazarla", y no que el alejamiento se produzca por la reforma de la ley "debido a las persecuciones que hubo dentro del Ministerio Público Fiscal y por las designaciones".

Carrió también cuestionaba el proyecto de ley por las facultades que otorgaba a la comisión bicameral y el plazo del mandato de quien fuera designado Procurador, que la ley fija en cinco años, mientras que la legisladora prefería un mandato más extenso.

El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal fue rechazado ayer tanto por Carrió como por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano y hasta la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entre otras entidades.