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La división de poderes como forma de organización de nuestro país, vigente desde el nacimiento de nuestra República, es uno de los pilares constitucionales más importantes. Cada poder debe funcionar como contrapeso del otro, siendo esta una de las garantías para evitar la concentración de poder que lleva irremediablemente al autoritarismo y la pérdida de la democracia. Por este motivo, es necesario fortalecer las instituciones del Estado y mejorarlas para su funcionamiento, en vez de someterla a los intereses del gobierno de turno.

Lamentablemente el país se encuentra bajo presión del Poder Ejecutivo que busca la forma de controlar el Poder Judicial y el Legislativo, debilitando nuestras instituciones. Uno de los objetivos preocupantes que se propone el gobierno de Cambiemos, y que afecta al Poder Judicial, es lograr la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sometida a fuerte presión para lograr su renuncia o la separación del cargo, sin respetar los tiempos e instancias legales. En esta línea, el gobierno busca sancionar en estas semanas la Ley de Reforma orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), un proyecto de ley claramente inconstitucional para limitar y someter a la justicia.

En primer lugar se observa un tratamiento desigual de leyes orgánicas del MPF y con respecto a la del Ministerio Público de Defensa. Si bien tienen el mismo rango, sólo se busca acortar el mandato de la Procuradora, y no se busca reformar ningún aspecto de la justicia federal o nacional, tan cuestionadas por su lentitud e ineficiencia. Esto muestra la animosidad que inspira esta reforma, dirigida claramente contra la gestión de la actual Procuradora General, lo cual vulnera la autonomía e independencia constitucional del Ministerio Público (art.120), y por lo tanto, la independencia judicial.

La actual procuradora fue elegida en un cargo vitalicio. Pretender sancionar una ley que límite su mandato y que se aplique de manera retroactiva claramente es un absurdo jurídico gravísimo. En todo caso la limitación se podrá aplicar a quien la suceda en el cargo. Este caso es comparable al del Juez Carlos Fayt, a quien no se le aplicó la ley que disponía la jubilación de los jueces de la Corte Suprema a los 75 años, porque era posterior a su designación.

En segundo lugar, es peligrosa y preocupante la creación de una procuraduría especializada en terrorismo, al mismo tiempo que suprimen la procuraduría de defensa de la Constitución Nacional y la dirección de derechos humanos. Esto no es una coincidencia, insinúan la creación de un campo fértil para el desvío de las investigaciones y la persecución penal de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales.

En tercer lugar, también es muy grave que el Poder Ejecutivo quiera fijar la política criminal del MPF, permitiendo que el Consejo de Seguridad Interior (integrado en su mayoría por ministerios del Ejecutivo) pueda determinar los lineamientos de su política de persecución penal.

A lo que debemos agregar la intención del gobierno de Cambiemos de intervenir como jurado en los concursos para fiscales, y de habilitar el traslado de empleados y funcionarios fuera de su lugar de trabajo, en clara afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Esta reforma es la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder judicial, dirigido a lograr la remoción de la actual Procuradora General, y a imponer condiciones para manipular el organismo en un claro atentando contra la autonomía de poderes.

Si se permite este avance del gobierno de Macri estaremos ante un serio peligro para la salud de la democracia en el país. Por eso reclamamos al gobierno respetar las disidencias políticas, el pluralismo ideológico y dejar sin efecto las medidas que dañan al pueblo argentino.

* Premio Nobel de la Paz