Durante el anuncio, el ministro de Justicia Ricardo Daives explicó que en el registro habilitado los campesinos "deberán cumplir con una serie de requisitos y contarán con la ayuda de agrimensores, agrónomos y asistentes sociales".

"Trataremos de sanear un problema de antigua data, en base a soluciones concretas que surgieron del diálogo entre el gobierno y las organizaciones campesinas", destacó. Asimismo, se anunció que "está prohibida" la contratación de agentes de policías que solían ser utilizados para desalojar a los campesinos de las tierras en las que viven hace más de 20 años.

Los anuncios surgieron tras las movilizaciones realizadas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), que denunció múltiples irregularidades en los procedimientos judiciales para el desalojo de campesinos, que derivaron en enfrentamientos armados con la policía provincial.

Los asesores letrados del MOCASE calificaron de "insólita" la reciente resolución del juez Oscar Juárez (IV Nominación), que autorizó la utilización de topadoras y las fuerzas de seguridad para desalojar un campo del departamento Copo.

El incidente ocurrió hace un mes y medio, a 250 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña, cuando efectivos policiales autorizados por el cuestionado magistrado, llegaron al lugar con topadoras y la orden de desalojar a ocho familias de campesinos.

En los últimos tiempos, el MOCASE realizó distintas protestas en los Tribunales de Santiago del Estero, en reclamo de la tenencia de tierras y la derogación de una ley que "habilita el desalojo" de pequeños agricultores.

Los campesinos reclaman la normalización de los títulos de tenencia de la tierra de las familias campesinas, reconociendo el derecho a poseerlas en propiedad "por trabajarla durante decenas de años".

Fuente: Télam