De acuerdo con la información suministrada por fuentes judiciales, Montero de Vargas está amparada por un régimen estatal de protección de testigos y ya reside fuera del país.

En 1998, Montero ingresó al Senado como personal temporario y se desempeñó en el área de Ceremonial durante dos años, ya que en el 2000 fue trasladada a la Prosecretaría Administrativa de la Cámara alta.

El 26 de abril de 2000, cuando el Senado aprobó la ley de Reforma Laboral, la mujer llevaba apenas dos semanas en un nuevo puesto como empleada de Relaciones Oficiales, ya que había sido transferida a ese sector 16 días antes.

La noche de la aprobación de la ley, Montero cenó con Costanzo y fue testigo, según relató al juez Rafecas, de las llamadas por teléfono celular que habría efectuado el entonces senador a su colega de bancada Emilio Cantarero.

A la audiencia con el juez, Montero concurrió munida de libretas y agendas con las que ilustró su declaración, dijeron fuentes judiciales, que resaltaron que la mujer dijo que no se presentó antes en los tribunales por desconfianza hacia quienes precedieron a Rafecas como instructores de la causa.

Se refirió, así, al primer juez del caso, Carlos Liporace, quien renunció cuando era investigado por el Consejo de la Magistratura y actualmente afronta una causa por enriquecimiento ilícito.

Montero dijo que tampoco mereció su confianza el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que intervino en el sumario antes de que Rafecas fuera nombrado como magistrado. Luego, "problemas personales" le impidieron acudir a la Justicia, indicaron las fuentes.

Al comparecer hoy ante Rafecas, contó que el ex senador Antonio Cafiero era considerado "un traidor" por sus colegas involucrados cuando difundió la supuesta maniobra que enmarcó la sanción de la nueva ley labora, y aseguró que él "no cobró sobornos".

Sostuvo, además, que la renuncia en 2000 del vicepresidente de la Nación, Carlos "Cacho" Alvarez, fue recibida "con alegría, porque en el Senado nadie lo quería".

Alvarez renunció, justamente, molesto con el respaldo que el entonces presidente Fernando de la Rúa brindó a su entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, que ya era sindicado como posible partícipe del escándalo y ahora está procesado por cohecho.

Fuente: DYN