El kirchnerismo en la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que revoca el carácter secreto de las leyes, dispone la publicación de las existentes en un plazo de 60 días y establece la prohibición de volver a legislar normas de esas características, salvo aquellas relacionadas con “seguridad nacional, defensa e inteligencia”. La oposición reclamó sin éxito que la prohibición y la publicidad también alcance a los decretos secretos, aunque sí respaldó el artículo que derogó el decreto-ley secreto gestado en “la Libertadora” y ampliado por la dictadura de Juan Carlos Onganía que posibilitó –entre otras cosas– el pago de sobresueldos a funcionarios menemistas. El oficialismo también aprobó la prórroga por otros tres años de 1500 leyes y unos 330 decretos, anteriores a la reforma constitucional de 1994 y cuyas reglamentaciones han sido delegadas por el Parlamento al Poder Ejecutivo.

Juan Manuel Urtubey, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el miembro informante del oficialismo en ambos temas. Sobre la anulación de las leyes secretas, fue escueto y se limitó a repasar los puntos salientes del proyecto.

La argumentación política estuvo a cargo de Diana Conti. La diputada se mostró entusiasmada con la derogación del decreto-ley 5315/56 de Pedro Eugenio Aramburu y ampliado a través de la ley 18.302 por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ambos permitieron el “uso irrestricto de fondos reservados, como cuando casos escandalosos lo pusieron delante de nuestros ojos”. Para “seducir” a la oposición a que abandonen sus dictámenes en minoría, Conti repasó en números la sanción de leyes y decretos secretos durante la dictadura (5262) y en el regreso a la democracia: Alfonsín (85), Menem (108), De la Rúa (2) y Kirchner (1).

La propuesta de Conti no caló en los opositores. Todos remarcaron que la nueva ley también debía abarcar no sólo a las leyes sino a todas las normas y en especial a los decretos secretos. Sobre esto se explayó el radical Alejandro Nieva quien calificó la ley como un “espasmo de transparencia” y asoció los decretos secretos a las resoluciones que firmaron –por ejemplo– Italo Luder y Carlos Ruckauf, para ordenar “el aniquilamiento de la subversión”, además de la venta ilegal de armas.

Adrián Pérez, del ARI, también cargó su discurso sobre este punto. “Está claro, el problema son los decretos secretos, no las leyes”, dijo el arista para repasar una serie de hechos que dieron origen a distintos “ilícitos” que ejemplificó con la causa Armas, el pago a Telleldín que hizo el ex juez Juan José Galeano en la caso de la voladura de la AMIA o los sobresueldos durante el gobierno menemista. “Este proyecto es una falacia, una hipocresía, un cinismo”, remarcó Pérez.

Sin embargo, toda la oposición votó en contra del proyecto en general, pero le dio sus votos en el artículo cuarto que derogó las leyes de Aramburu y Onganía.

Facultades delegadas

En su primera intervención –cuando se discutía las facultades legislativas delegadas–, Urtubey dedicó varios párrafos a responder los cuestionamientos opositores antes que éstos tomaran la palabra. Sabía que la cuarta prórroga de 1500 leyes y centenares de decretos, tras la reforma constitucional del ’94, sería un nuevo argumento de las bancadas de la oposición para cuestionar los atributos que el Poder Ejecutivo acumula –como lo habían hecho con los DNU y superpoderes– en “detrimento” de las facultades del Parlamento. Por eso aseguró que la aprobación de la prórroga era fundamental para el “andamiaje jurídico del país” y “garantizar la seguridad jurídica”. Pablo Tonelli (PRO) aseguró que la prórroga era innecesaria porque había sido aprobada tres veces. Dijo que con estas facultades legislativas delegadas, el Ejecutivo “podría privatizar el Banco Nación, cambiar las Fuerzas Armadas, o el cierre o la modificación de la Universidad de Buenos Aires”.

“Quieren que le demos un cheque en blanco”, dijo la arista Marcela Rodríguez y repasó la postura histórica del ARI y el vaticinio que pronunció Lilita Carrió en la última prórroga de 2004: “Nos van a hacer trampa”. Rodríguez aludió a una serie de convenios y programas que se crearon a través de estas facultades delegadas que “manejan fondos millonarios en dólares”, desde el 2005 hasta ahora. Mucho de los cuales se los atribuyó al Ministerio de Planificación y su titular, Julio De Vido.

Toda la oposición –salvo el bloque Peronista Federal que componen ex duhaldistas– dejó clara su postura en contra de la prórroga. De todas maneras el oficialismo impuso su mayoría por 121 votos a favor contra 68.