Un nuevo pedido de aborto no punible se conoció en Mendoza. La madre de una joven débil mental, de 25 años y que fue violada, pidió la interrupción del embarazo en el Hospital Militar de la capital provincial. Ayer, el Comité de Bioética se reunió para decidir si avala la intervención, pero el Ejército, de quien depende el hospital, salió a aclarar que se esperará una orden judicial. El caso es similar al de L. M. R. pero tiene un agravante: la muchacha mendocina, que lleva 11 semanas de gestación, debe tomar una medicación permanente que podría causar malformaciones al feto. “No queremos que le pase lo mismo que a la chica de Buenos Aires, a quien la Justicia le autorizó el aborto al quinto mes de embarazo cuando ya había poco por hacer”, señaló a Página/12 el abogado Dante Vega, uno de los representantes legales de la familia. En diálogo con este diario, el ministro de Salud, Armando Calletti, anunció que “el sistema público puede asegurar las prestaciones”. “No queremos que tanta dilación provoque otra tragedia sanitaria”, aseguró el funcionario, en referencia al drama de la muchacha de Buenos Aires.

La joven mendocina, identificada por las iniciales C. C. A., tiene una edad mental de 4 años, dijo el abogado. Sufre el síndrome de Lennox-Gastaut, un síndrome epiléptico que se caracteriza por convulsiones muy frecuentes y retraso mental. Y para su tratamiento toma la droga clonazepam, un ansiolítico que puede causar malformaciones fetales.

La chica vive con su madre en el departamento mendocino de Luján de Cuyo. Su padre, que era militar, falleció hace cuatro años. Unos días atrás, su mamá la notó rara y observó que se le había retirado la menstruación. El 7 de agosto la llevó al hospital, una ginecóloga la revisó y le informó que estaba embarazada, precisó Vega. “No hay dudas de que se trata de una violación porque por su retraso mental no puede nunca dar un consentimiento para una relación sexual”, apuntó el letrado, que está trabajando en el caso junto con sus colegas Diego Lavado, Pablo Barreda y Lucas Lecourt.

El 8 de agosto se radicó la denuncia por violación en la Oficina Fiscal Nº 11 de Luján. Dos días después la madre solicitó la interrupción del embarazo en el Hospital Militar, bajo el amparo del artículo 86 inciso 2º del Código Penal que despenaliza el aborto cuando se trata de un embarazo producto de una violación a una mujer débil mental, la misma normativa que invocó la Suprema Corte bonaerense el 31 de julio para avalar la interrupción del embarazo de la bonaerense L. M. R.

Para ganar tiempo ante una posible negativa, la madre presentó ayer un pedido de autorización en la Justicia que recayó en el Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza a cargo de Germán Ferrer.

En el Hospital Militar le respondieron que debía dictaminar el Comité de Bioética y que se expediría ayer. Tras varias horas de debate a puertas cerradas, el cuerpo anunció que pasaba a un cuarto intermedio hasta hoy a la mañana. “Me impidieron presenciar la discusión. Fue una reunión secreta. Me comunicaron que iban a requerir la opinión de especialistas médicos en la materia, es decir, de profesionales de la medicina y no de otra rama”, señaló Vega a Página/12.

La coordinadora del Comité de Bioética es la médica neuróloga Susana Palavicino. Entre sus miembros figuran el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo Enrique Abiatti y el director del Cuerpo Médico Forense, Roberto Bringal. También lo integran un sacerdote, una obstetra, una ginecóloga y una trabajadora social, entre otros profesionales.

Página/12 intentó hablar con las autoridades del Hospital Militar, pero una operadora telefónica informó que no harían declaraciones a la prensa. Quien expresó la postura oficial fue el jefe de Prensa del Ejército, el coronel Gustavo Tamaño: “El hospital no está autorizado a hacer esa práctica sin una orden judicial”, dijo a este diario.“No queremos que le pase lo mismo que a la chica de Buenos Aires, a quien la Justicia le autorizó el aborto al quinto mes de embarazo, cuando ya había poco por hacer”, aclaró Vega. De todas formas, el panorama parecería ser distinto. En principio, el ministro de Salud de Mendoza convocó a la tarde a una reunión de gabinete (que incluyó abogados y miembros del Comité de Bioética de la cartera), para analizar el caso y pidió a su colega bonaerense, Claudio Mate, todos los antecedentes judiciales del expediente de L. M. R. Además, Calletti dijo a Página/12 que “el sistema público puede garantizar las prestaciones”, si el Hospital Militar se llega a negar a practicar la interrupción del embarazo. Por otra parte, el juez Ferrer, quien debe resolver en torno de la autorización judicial, tiene una postura diametralmente opuesta a la de la jueza de Menores de La Plata Inés Siro, que impidió el aborto de L. M. R. En diálogo con este diario, Ferrer consideró que el fallo de la Corte bonaerense “es un precedente muy importante”. “Se trata de un derecho personalísimo. Y no se necesita autorización judicial. En el caso de que el hospital se negara, la madre podría iniciarles a los médicos un juicio por daños y perjuicios, por no permitirles acceder a un derecho”, apuntó el magistrado. Aunque no adelantó cómo dictaminará en este caso en particular, aclaró que aunque no está obligado a tomar en cuenta la jurisprudencia de otra jurisdicción, “hay un deber moral por seguir una sentencia de un tribunal de esa envergadura para respetar el principio constitucional de afianzar la Justicia: al ciudadano hay que darle un mensaje unificado”.

Mientras tanto, la mamá de C. C. A. prefiere guardar silencio. Por su retardo mental, la chica no tiene conciencia de su embarazo, dijo el abogado Vega. Su madre todavía no pudo averiguar cuándo habría ocurrido la violación. La joven concurre diariamente en un micro escolar a una escuela diferencial.

Se trata del primer pedido de aborto que llega a un Tribunal de Familia de Mendoza. El caso salió a la luz a partir de su publicación en el diario Los Andes. El historia de L. M. R. había generado en los últimos días un debate interno en el Ministerio de Salud mendocino. “La postura que se impuso es que no puede haber más muertes por abortos y que se trata de un problema de salud pública. No se puede tomar como un tema de dogma, de principios. Es un tema sobre el cual el Estado no puede ser indiferente”, indicó a este diario el ministro Calletti.