En la resolución -contenida en tres carillas, dictada el 7 de este mes y conocida hoy-, la Sala II del Tribunal hizo lugar al reclamo del fiscal Carlos Stornelli y la abogada Liliana Zabala, representante de trabajadores de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

"El accionar tendiente a afectar el derecho de propiedad de trabajadores que se vieron perjudicados por las ruinosas privatizaciones de la ex empresa telefónica nacional" hacen necesario "profundizar la investigación", dijeron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi.

La causa llegó al tribunal de alzada luego que Stornelli y Zabala apelaran el sobreseimiento que le dictó Urso en una causa en la que Barra aparecía imputado de haber "escondido" un pedido de investigación que había llegado a la Auditoría, referido al manejo del Programa de Propiedad Participada efectuado por Telefónica y Telecom, tras la privatización de ENTEL.

"Se advierte que desde que los hechos fueron puestos en conocimiento del instructor -19 de mayo de 2005- hasta que dictó la resolución cuestionada -16 de agosto de 2006- a pesar de que transcurrió más de un año, solo se limitó a requerir diferentes expedientes que tramitaron en otros juzgados para concluir que 'el hecho investigado no se cometió '", recordaron los camaristas.

Afirmaron que "la gravedad de las irregularidades puestas en conocimiento del entonces titular del juzgado hacen necesario profundizar la investigación".

Al apelar el sobreseimiento, el 11 de septiembre último, Stornelli y Zabala recordaron que Barra y el director de la AGN Jorge Augusto Saulquin dictaminaron a favor del archivo de la denuncia en una actitud que Urso entendió "llevada a cabo conforme funciones y atribuciones" conferidos al organismo por las disposiciones legales; por lo que los sobreseyó.

Distinto fue el criterio del representante del Ministerio Público y de la letrada quienes opinaron lo contrario y calificaron esa desvinculación del proceso penal -dictada el 16 de agosto último- como "prematura" pues aún existían, a su entender, cuestiones procesales que restaban ser investigadas.

Zabala explicó que inició la demanda tras "el reconocimiento periodístico" que hizo Barra, en 2005, "de haber admitido sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem" y que esa admisión "es incompatible con el cargo que ejerciera como presidente de la Auditoría General de la Nación".

"En dicha función (Barra) dispuso el archivo de la denuncia por irregularidades en el Programa de Propiedad Participada de las empresas Telefónica de Argentina y Telecom", dijo la letrada, quien añadió que las disposiciones recomiendan "sumarios administrativos por la forma en que se implementó dicho programa" los que no se habrían realizado.