Cientos de campesinos agrupados en la Mesa Provincial de Tierras, recorrieron las principales calles de la capital santiagueña y entregaron al gobierno y a la justicia provincial un petitorio bajo el título "El derecho a la tierra".

La organización, que agrupa a la Pastoral Social, Movimiento Campesino de Santiago del Estero y otras entidades campesinas, calificaron de "insólitas" las medidas judiciales que autorizan la utilización de topadoras y fuerzas de seguridad para desalojar campos en los que hace decenas de años viven familias campesinas.

"Esto provoca un estado total de inseguridad jurídica y social en los campesinos, vulnerando sus derechos de manera constante y violenta por medidas tomadas por los jueces con imputaciones por robos de productos forestales, usurpación, desalojos y privación ilegítima de la libertad", explicaron.

En esa misma línea crítica, las organizaciones denunciaron que "cuando los campesinos denuncian usurpaciones, amenazas, desmontes desmedidos y desalojos, estas quedan archivadas en los juzgados, sin resolución alguna".

El MOCASE y la Mesa Provincial de Tierras realizaron distintas movilizaciones a los Tribunales de Santiago del Estero, en reclamo de la tenencia de tierras y la derogación de una ley que "habilita el desalojo" de pequeños agricultores.

Las organizaciones campesinas reclaman urgentes soluciones en la tenencia de tierras, que en los últimos tiempos derivó en graves enfrentamientos armados con empresarios que se adjudican la compra de los campos.

Esas organizaciones solicitaron reiteradamente la derogación del artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal y Correccional, que habilita a desalojar a familias acusadas de intrusas ante el pedido por supuesto daño.

Los campesinos señalaron que el trámite se logra con "la simple presentación de una escritura pública, demostrando su carácter registral de dueño y permite negociados entre inmobiliarias y políticos, que adquieren campos por precios insifnificantes y luego los venden por millones".

Las entidades denunciaron además que aún sigue pendiente de resolución una denuncia contra el vicepresidente de la Legislatura provincial, Juan Simón, acusado de dirigir como abogado un desalojo de campesinos.