Cóceres afirmó que "los trabajadores rechazamos esta propuesta porque es un chantaje, una extorsión, que pretende pagar el 10 por ciento de una deuda de algo trabajado, con un personal que no es el suficiente y no brindaría calidad de atención".

Además, sostuvo que "de aceptar, se crearía un precedente para cualquier gremio", sobre la propuesta del comité asesor encabezado por la titular del PAMI, Graciela Ocaña.

Por ello, anunció que la semana próxima se realizará una asamblea de trabajadores, en la que se decidiría "un acampe, o todo lo necesario que tengamos que hacer, para tener al hospital abierto y se respeten los derechos de los trabajadores".

"Los trabajadpres queremos no ser chantajeados ni extorsionados para trabajar; además que, de reclamar, se nos dejaría fuera de poder cobrar el subsidio", que el Estado otorga a ese centro asistencial, según denunció.

Cóceres aclaró que "los trabajadores no nos negamos a trabajar, sino que reclamamos el 100 por 100 del salario adeudado".

"Somos trabajadores de segunda en un hospital vaciado con la complicidad del Gobierno; la intervención dejó 6 millones de pesos de deuda en salarios, y ahora se toman 2 millones para sanearlo, quiere decir que se invierte sobre lo que no se le pagó a los trabajadores", cuestionó Cóceres.

Los empleados del Francés debatieron ayer en asamblea la propuesta del comité asesor de abonar parte de la deuda salarial si el personal habilita camas y consultorios, pero anticiparon la exigencia de que sea reconocida "la totalidad" de los salarios caídos.

La intervención ofreció abonar diez por ciento de la deuda salarial del periodo julio-septiembre 2005 por cada 20 camas habilitadas cada diez días, con un tope de 500 pesos.

El compromiso de la intervención de Jorge Castrillón incluye el pago de 5 por ciento de esa deuda por cada 20 consultorios abiertos, con el objetivo de habilitar las 40 salas de atención externa y las 90 camas disponibles en el hospital, en un plazo de tres meses.

Fuente: DyN