Sin nombrarlos expresamente, Barcesat recordó a Strassera y Gil Lavedra la "inexistencia de figura penalmente tipificada respecto de lo denominado subversión; la improcedencia de pretender crear un tipo penal a través de un decreto; la identidad entre las nociones de "aniquilar" y "eliminar" contenidas en los decretos repugnados y la Convención

Internacional sobre el Genocidio y el facultamiento al represor para determinar quién o quiénes son subversivos”.

Además, les recordó "la usurpación del conocimiento y decisión sobre las conductas presuntamente delictivas, que es sustraída del Poder Judicial de la Nación para ser entregada a las Fuerzas Armadas".

Según Barcesat, cuando fueron dictados los decretos que hablaban de "aniquilación" "durante el gobierno de María Estela Martínez viuda de Perón- "ningún tipo penal definía qué debía entenderse por subversión, de modo que el facultamiento para aniquilar se configuraba como una orden de exterminio en blanco".

"El represor es quién determina a quién o quiénes caerán dentro del indefinible círculo de sujetos pasivos del aniquilamiento", recordó.

Barcesat, profesor titular en el Departamento de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, destacó que "la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio ya era norma positiva del derecho argentino desde el año 1956, por lo que ningún jurista que se precie incluiría la expresión aniquilar".

Así, discrepó con Strassera y Gil Lavedra y destacó "el acierto de los jueces federales que están investigando los crímenes cometidos por la Triple A, así como los facultamientos viciados emitidos por el Gobierno de María Estela Martinez y del interinato de Italo Luder".

Fuente: DyN