Los legisladores aprobaron el llamado "urgente" a una consulta para que la población se pronuncie sobre la modificación de la carta magna.

Sin embargo, establecieron el "respeto a la voluntad popular" expresada en las elecciones del año pasado, esto es, el mantenimiento del Congreso.

Ya desde su campaña proselitista, Correa había explicado su intención de disolver el Parlamento para facilitar la reforma constitucional, y por eso la votación de los legisladores provocó el enojo de los movimientos sociales que hoy marcharon en respaldo a la iniciativa gubernamental original.

Campesinos, indígenas y organizaciones sociales y sindicales se manifestaron primero ante el Congreso y, enterados de lo votado, se dirigieron luego al Palacio Carondelet -sede del Ejecutivo- para pedirle a Correa que rechace la pretensión de los legisladores de mantenerse en sus bancas.

Unos 4.000 manifestantes participaron de esta marcha, apenas un rato después de que hicieran lo propio cerca de 2.000 estudiantes.

Dentro del recinto, el llamado a la consulta fue aprobado por 57 legisladores con un único voto en contra. De las 100 bancas, únicamente 58 estuvieron ocupadas, porque se habían retirado los bloques de los partidos Social Cristiano (PSC) y Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN).

A favor de la consulta -prevista para el 18 de marzo- se pronunciaron las representaciones del Movimiento Popular Democrático (MPD), la Sociedad Patriótica (PSP), la Izquierda Democrática (ID), el Partido Roldosista y dos legisladores de la Unión Demócrata Cristiana.

En el documento se estableció que la Asamblea transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución, pero "respetando la voluntad popular, expresada en las urnas, tanto el 15 de octubre como el 26 de noviembre de 2006", las últimas elecciones en las que fueron elegidos los actuales legisladores.

El Congreso accedió a que la Asamblea tenga plenos poderes, pero con la condición de que respete las elecciones, es decir que no sea disuelto el Parlamento.

Fue este punto el que movilizó a los manifestantes para entregar "el mandato de los pueblos" en la sede del Ejecutivo, donde los recibió el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, ante la ausencia del presidente Correa.

"El objetivo es que funcione la Asamblea, pero que los diputados se vayan a su casa", señaló Paúl Velásquez, dirigente de los estudiantes universitarios.

Entre los demás cambios votados, figura también el plazo de 150 días en vez de 120 para la realización de las elecciones y la eliminación del requisito de recolección de firmas para ser candidato a la Asamblea y de que las listas tengan al menos 50 por ciento de postulantes menores de 45 años.

Fuente: Télam