En la Cámara Alta, el contrato fue aprobado por 37 votos afirmativos del oficialismo, 14 votos en contra del radicalismo y el socialista Rubén Giustiniani, y cosechó 2 abstenciones.

El presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Jorge Capitanich, ofició de miembro informante y sostuvo que con este contrato "se resuelven conflictos, se superan controversias, se eliminan reclamos internacionales y se termina con la incertidumbre jurídica".

"El Estado no resigna los cánones impagos que son 850 millones de pesos, ya que cobra por flujo de caja con la entrega de acciones preferidas y con la emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones con un sistema de rescate", aseguró el chaqueño.

Y añadió que además el acuerdo contempla "un plan de inversiones por 2.200 millones de pesos", el 50 por ciento del cual se hará entre 2006 y 2010, y señaló que con el pago del canon más las inversiones se financiarán los aeropuertos que no están en el sistema.

El radical santacruceño Alfredo Martínez fustigó el convenio y sostuvo que en el mismo "lo único que recupera el Estado es el canon que no fue pagado por la empresa más una tasa de interés del 2 por ciento" y aseveró que con este contrato "se incorpora la posibilidad de generar cargos específicos para realizar obras, es decir un aumento de tarifas encubierto que pagarán los usuarios".

El peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, al argumentar su abstención, dijo que el gobierno hizo "una mala renegociación" y afirmó no comprender "por qué se perdona a una empresa que debe el canon por 800 millones pesos".

Denunció, además, que hubo en los últimos días "una fuerte presión de la empresa (Aeropuertos Argentina 2000) para que (el contrato) salga aprobado en ambas Cámaras".

El justicialista pampeano Rubén Marín fue otro de los críticos, aunque se inclinó por dar un voto de confianza al gobierno, pero recordó que "en La Pampa (su provincia) la empresa (concesionaria) no cumplió nunca" con el contrato y aseguró que "la única inversión que hubo en el sector lo realizó la provincia".

El socialista Rubén Giustiniani calificó el contrato como "la peor renegociación" y opinó que en realidad "correspondía claramente la rescisión del contrato".

Sostuvo que, desde el comienzo de la concesión, "existió de parte de la empresa una estrategia de incumplimiento" y que ahora "el Estado se asocia de manera minoritaria con las empresas que incumplieron".

Fuente: DyN