Anoche, la policía nacional española detuvo a 22 integrantes del proscripto partido independentista vasco, entre ellos a todos los integrantes de su Mesa Nacional, acusados por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de realizar una "asamblea clandestina e ilegal".

Las detenciones se produjeron en la localidad vasca de Segura, cuando los miembros de Batasuna regresaban de acompañar a dos integrantes norirlandeses del Sinn Fein a la cárcel de Martutene, donde visitaron a Arnaldo Otegi, detenido allí desde el pasado 8 de junio acusado de "enaltecimiento del terrorismo".

Hay que recordar que para el gobierno y la justicia de España, Batasuna es el brazo político del grupo armado ETA y por eso lo declararon ilegal.

Batasuna está acusada de presunta financiación de ETA a través de las "Herriko Tabernas", las sedes populares del partido desde donde recaudan el dinero que luego transferirían a la organización separatista vasca.

Sin embargo, el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, denunció hoy la "oportunidad política" de la masiva detención y afirmó que "resulta muy sospechoso que los impulsos en las actuaciones judiciales coincidan con momentos tan trascendentes para la vida política".

Pernando Barrena, uno de los pocos dirigentes de Batasuna que no fue arrestado, acusó al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber ordenado los arrestos por venganza, por el fracaso de las negociaciones con vistas a las próximas elecciones.

Sin embargo, el portavoz del bloque socialista en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó hoy que existe "satisfacción" en su partido por la masiva detención y señaló que estos arrestos demuestran que, "en España, quien la hace, la paga".

En este contexto, recalcó que en España "la apología de la violencia es incompatible con la actividad política" y que la acción contra quienes "sostienen o justifican la violencia" es "inmediata".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente socialista se congratuló de que, "como siempre ocurre, en España se haya actuado aplicando la ley y preservando los derechos que garantiza la Constitución".

En tanto, la policía española mantenía un cerco a la sede del Partido Comunista de San Sebastián, también independentista, en lo que parecían ser aprestos para un ingreso a su sede.

En apariencia los policías contaban con una orden de requisa, dijo el diario vasco Gara.