El proyecto suspende por un año el desmonte, para que cada jurisdicción defina en ese plazo el concepto de bosque nativo dentro de su territorio.

Después de ese lapso, todo desmonte que se realice requerirá autorización expresa de las autoridades jurisdisccionales, que será otorgada luego de un estudio de impacto ambiental.

Los senadores introdujeron durante la sesión modificaciones al proyecto enviado desde la cámara baja el 14 marzo pasado, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, con una fuerte concepción conservacionista.

Mientras se desarrollaba la sesión en el Senado, Bonasso ofreció una conferencia de prensa en dependencias de Diputados, en la que expresó su "esperanza de que se respete el espíritu de la ley".

Las modificaciones dan mayor protagonismo a las provincias y exceptúan de la prohibición de talar árboles durante un año a los pequeños productores con hasta diez hectáreas de bosques y a las comunidades indígenas.

La cámara alta había aprobado en general la semana pasada el proyecto enviado por los diputados, pero al aprobarlo hoy en particular -esto es artículo por artículo- los senadores establecieron cambios sustanciales que fueron votados por los dos tercios del cuerpo.

El respaldo obtenido por el proyecto flexibilizado en el Senado obliga ahora a la Cámara de Diputados a obtener igual proporción para insistir con su sanción original.

El proyecto votado por los senadores crea un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con recursos del Presupuesto Nacional en una proporción no inferior al 0,3% más lo obtenido mediante la recaudación del 2% de las retenciones a las exportaciones de origen agrícolo-ganadero.

El radical Gerardo Morales propuso enviar al fondo el 2% de todas las exportaciones y no sólo de las primarias, pero el oficialista Miguel Piccheto pidió que "no tiremos más de la cuerda".

Según los senadores, estos recursos podrían reunir unos 1.000 millones de pesos anuales y el proyecto propone distribuir un 70% entre los productores privados y un 30% entre los estados provinciales que hayan sancionado su ordenamiento de bosques nativos.

En principio, el proyecto incluye a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas, como así también los conjuntos formados luego de un desmonte y los resultantes de una recomposición voluntaria.

La iniciativa establece que, durante la veda, las autoridades de cada jurisdiscción deberán realizar un ordenamiento de sus bosques de acuerdo con los criterios de sustentabilidad establecidos en un anexo del proyecto sancionado.

El estudio que deberán encarar las provincias podrá contar con el apoyo técnico y financiero de la Secretaría de Ambiente de la Nación, para establecer diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de cada bosque.

El proyecto establece tres categorías de bosques nativos diferencias por colores en el mapa, donde la franja roja comprende los de muy alto valor de conservación, que no podrán ser talados.

En el sector amarillo están los de mediano valor de conservación, que tampoco podrán ser sometidos a tala, y en el verde se ubican los bosques que admiten transformación parcial o total, aunque dentro de los criterios que establece la norma.