La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, instó a "los particulares" a colaborar en el saneamiento de la cuenca, porque "sería ilusorio suponer que únicamente la voluntad del Estado" puede completar la tarea, dijo al referirse a las industrias y compañías de la zona.

El Procurador del Tesoro, el ex juez Osvaldo Guglielmino, solicitó "responsabilidad social" para detener la contaminación y estimó que desde los gobiernos nacional, provincial y porteño se dieron "todos los estímulos institucionales posibles" para avanzar en las tareas de limpieza.

Picolotti y Guglielmino fueron los principales referentes del estado en la audiencia ante el tribunal realizada esta mañana, en la que representantes de los municipios de la zona sur del Conurbano negaron tener "responsabilidades" por la polución.

La presentación de los agentes estatales fue criticada por asociaciones vecinales y defensoras del medio ambiente, que consideraron que "es el Estado el que tiene el poder de policía y el que dice hasta donde pueden avanzar las empresas".

Picolotti sostuvo que el saneamiento de la cuenca es "una obligación jurídica y legal" para "mejorar la calidad de vida de 7 millones de personas" que residen en la zona, y destacó que en el último año el tema adquirió una "importancia histórica".

La funcionaria embistió contra las empresas que vierten sus fluidos en el Riachuelo, aún aquellas que cuentan con permisos en regla, otorgados en la presunción de que no contaminarían, al considerar que "ninguna autorización otorga derecho a dañar el medio ambiente".

El procurador Guglielmino se plegó a la crítica oficial al expresar que "la solución no es exclusiva del poder público, ya que hay un fuerte componente de responsabilidad social".

El Procurador General porteño, Agustín Zbar, deslindó las responsabilidades de la administración en la contaminación, porque es "muy anterior" a que fuera constituida como tal la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras la reforma constitucional de 1994.

La audiencia estuvo presidida por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los miembros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quienes convocaron en 2006 a debatir la situación del Riachuelo en el marco de una causa de vecinos contra el estado por la contaminación.

Los representantes de municipios coincidieron en afirmar que no tienen potestad de controlar la polución en la zona.

Más de treinta empresas están citadas para explicar mañana las actividades que realizan y los mecanismos implementados en los últimos meses para evitar la polución en la zona.

Organizaciones ambientales y vecinales, que por su condición de "parte actora" no tienen voz en las audiencias, reiteraron que las acciones públicas "no están consolidadas", por lo que reclamaron la intervención de la Corte.

El abogado Andrés Nápoli, director del Area de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dijo que "las empresas deben controlar la polución, aunque eso no diluye la responsabilidad primaria del Estado y su poder de control y de policía".