El Foro por la Tierra, una de las organizaciones provinciales compuesta por entidades sociales, rurales y aborígenes que luchó contra el desmonte, sostuvo que "los procedimientos recomendados a nivel internacional, en Salta son manipulados a tal extremo que su credibilidad es casi nula".

Los estudios de impacto ambiental son elaborados por consultoras contratadas por el interesado en realizar el desmonte y, según el foro, "invariablemente presentan resultados que favorecen a este".

El público, en especial las comunidades que resultan afectadas, no tiene acceso a ese estudio hasta que se convoque la Audiencia Publica, la cual la mayoría de las veces se realiza en lugares alejados del lugar propuesto para desmontar.

De acuerdo a la descripción que hace el Foro por la Tierra, las comunidades que se oponen a la deforestación "cuando llegan a las audiencias a presentar sus objeciones son frecuentemente acalladas por grupos de personas contratadas por los empresarios para hablar a favor del desmonte propuesto".

En ese sentido, afirmó que "el Estado Provincial, previo a la habilitación de tierras para agricultura, debe priorizar la regularización de la tenencia de tierras para los pobladores indígenas y criollas de la región y establecer un ordenamiento territorial que asegure la continuad de la funcionalidad ambiental".

Por eso, advirtió que "el gobierno debe poner un freno inmediato a los desmontes, generando así el tiempo necesario para que ese ordenamiento territorial pueda ser realizado, cómo lo exige la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos que acaba de ser sancionada por el Congreso".

Fuente: DyN