Según se supo hoy en los tribunales federales, los convocados a declarar en marzo próximo como imputados son los banqueros argentinos Carlos Fredigotti Góngora (Citibank), Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston), Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris).

También deberán asistir a la sede de la avenida Comodoro Py 2002 los banqueros extranjeros William Peter Sutton y Alan McDonald (Scotia), Ana Botín Sanz de Sautuola y Oshea y Enrique Cristofani (Río), más quienes eran responsables del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina.

Esta causa se inició en 2002 por la denuncia de un jubilado de 70 años contra el banco Sudameris, porque se le negó la devolución de un plazo fijo de 15.000 mil dólares.

El "corralito" implicó la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, con el supuesto objetivo de evitar la salida de dinero del sistema bancario y evitar el colapso del sistema.

Pero muchos de los afectados recurrieron a la Justicia para exigir sus ahorros y el entonces juez de instrucción Mariano Bergés que recibió la denuncia del jubilado afectado, inició una causa en la que terminó citando a indagatoria y prohibiendo la salida del país de varios banqueros.

En ese expediente, Bergés investigaba si los banqueros cometieron los delitos de "defraudación" y "estafa" a los ahorristas con la congelación de fondos plazos fijos, libretas de ahorro y cuentas bancarias, pero finalmente la Cámara le quitó el expediente y lo envió la Justicia federal.

Ahora, el juez Torres se encaminó a investigar los posibles delitos de "subversión económica" y "lavado de dinero", aunque finalmente todos los imputados recibieron en 2003 la "falta de mérito", es decir no fueron procesados ni sobreseídos.

La Cámara Federal confirmó ese fallo en 2005, pero la pesquisa siguió adelante y ahora el juez Torres ha puesto el acento en el respaldo que las casas centrales en el extranjero de los bancos 'propagandizaban' para ganar la confianza de los ahorristas y captar depósitos, sobre lo cual piensa indagar a quienes ocupaban los máximos puestos de responsabilidad.

Cuando se sienten en el banquillo junto a sus abogados, el juez les anoticiará que se los acusa de "haber administrado la entidad bancaria en fraude a los clientes titulares de certificados a plazo fijo, cajas de ahorro, cuentas corrientes y otras tenencias", según trascendió.

También se les achaca "haber perjudicado con la fraudulenta gestión" a los ahorristas "toda vez que requerido el banco a la restitución de las acreencias, no fueron entregadas en la cantidad y moneda depositada", añadieron los voceros.

El juez aguarda que el Banco Central responda a su oficio en el que pedía las identidades de los titulares del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina al momento de los hechos, de manera que luego pueda proceder a citarlos.

También requirió a las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados que le remitan las nóminas de los parlamentarios que debatieron la ley 25561 (de "emergencia pública y reforma del régimen cambiario") con la aclaración de quiénes votaron a favor y quiénes en contra, de cara a eventuales citaciones a indagatorias.