El 5 de febrero el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar a los responsables del Regimiento de Infantería 9 por quince secuestros y desapariciones forzadas. Será el primer juicio oral del interior del país, donde las medidas de protección alcanzarán a unas 120 personas, ente ellas los 40 testigos ofrecidos por la querella que incluyen a los peritos del Equipo Argentino del Antropología Forense.

"En Corrientes no han habido amenazas ni hay un clima de violencia, al punto que nadie pidió protección. Pero vamos a curarnos en salud", dijo el subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Andrés Vassel.

La seguridad de testigos e imputados en juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se torno apremiante tras la desaparición de Julio López, el testigo clave del juicio al represor Miguel Echecolatz.

Las características de las medidas de seguridad para este juicio, el primero de este tipo que se realiza en el interior del país, no fueron divulgadas.

Lo que si se informó es que las labores de vigilancia y custodia las realizarán efectivos de la policía correntina y fuerzas federales con excepción de la Gendarmería, ya que dos de los juzgados son ex oficiales de esa fuerza de seguridad.

La implementación del plan se anunció a mitad de semana durante una visita que realizó a Corrientes una delegación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por su jefe de gabinete, Luis Alen.

El programa de protección de testigos no sólo se aplica a los de la querella sino también a otro medio centenar de los ofrecidos por la defensa, además de los cuatro integrantes del tribunal oral federal, los tres fiscales y los cuatro abogados de la querella.

Asimismo, con apoyo federal se implementó un programa de contención psicológica de los testigos de modo que no sean revictimizados por sus secuestradores y torturadores de hace tres décadas.

Durante el juicio, rendirán cuentas el ex comandante de la Brigada de Infantería VII general Cristino Nicolaides, su jefe de inteligencia capitán Juan Carlos Demarchi (próspero ganadero, miembro de la Sociedad Rural), los coroneles Horacio Losito (agregado militar en Italia hasta su detención) y Rafael Manuel Barreiro, el suboficial Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Salvo Nicolaides, con domiciliaria, y Reynoso, en Marcos Paz, el resto aguardará en el Instituto Penal de Campo de Mayo.

Durante el juicio Nicolaides permanecerá en Córdoba -donde cumple prisión domiciliaria- dado que su defensa alegó cuestiones de salud y su edad avanzada para que no deba comparecer personalmente durante el debate.

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