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"Si bien aún no son claras las causas del incendio de esta madrugada, es responsabilidad directa del Estado velar por la vida de quienes se encuentran a su cuidado y garantizar condiciones dignas de alojamiento", apuntó la organización mediante un comunicado y rememoró los casos de incendió ocurridos la Unidad Nº28 de Magdalena en 2005, cuando murieron 33 internos, y en la Unidad Penal N°1 de Varones de Santiago del Estero en 2007 que provocó la muerte de 32 detenidos. Y agregó: "Estas dos muertes se suman a las de Matías Carbonell y Franklin Guarachi Tola, ocurridas en el área hospitalaria del Borda el 12 de noviembre de 2010 y el 6 de abril de 2011, respectivamente".

"En el caso particular del Borda, la situación se encuentra agravada por la interrupción del suministro de gas desde hace más de cuarenta días, que repercute en los servicios de calefacción, alimentación e higiene de los pacientes", denunció el CELS.

Según la organización, en las celdas de aislamiento de la unidad penal del hospital psiquiátrico, que depende del Servicio Penitenciario Federal, son espacios cerrados, sin luz natural ni ventilación y con paredes acolchadas que deberían contar con un tratamiento ignífugo adecuado. "Además, son los espacios de reclusión en los que se producen vulneraciones de derechos con mayor frecuencia", señaló el organismo de derechos humanos.

En ese sentido, el CELS exigió una investigación administrativa y penal, y advirtió que "las habitaciones donde se produjeron estas muertes se encuentran equipadas con cámaras de video para el monitoreo de la evolución de las personas, por lo que la información sobre el origen del incendio debería estar registrada".

En este contexto, la organización advirtió que es necesaria la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en diciembre pasado, y la sanción del mecanismo nacional de prevención de la tortura del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que nuestro país adeuda desde 2004. El proyecto de ley para la prevención de la tortura ya obtuvo dictamen en las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de la de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados y deberá tratarse mañana en la de Presupuesto y Hacienda.

Por último, el organismo de derechos humanos se sumó al pedido de políticas públicas tendientes a la desinstitucionalización y a la inclusión social plena de los pacientes psiquiátricos.