Ante el acuerdo, Gendarmería desactivó el envío de efectivos

El ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la suspensión del operativo de más de 2 mil efectivos anti-tumulto que el titular de esa cartera, Sergio Berni, anunció esta mañana para asistir a la provincia mediterránea, sacudida desde ayer por los saqueos a comercios.

Luego de anunciar el envío de las fuerzas de seguridad, Berni ratificó que la situación que se vive en Córdoba, producto del acuartelamiento policial por reclamos salariales, "es competencia del gobierno provincial" y afirmó que el pedido de gendarmes que el gobernador José Manuel de la Sota hizo a la presidenta "no es la forma" en que se solicita la ayuda al Ejecutivo nacional.

"Un twitter, más allá de un papelón es una cuestión inviable", sentenció el funcionario, quien explicó que en este tipo de situaciones "hay cuestiones penales y civiles a las que como funcionarios públicos debemos resolver por los canales institucionales, como corresponde". "Es un papelón lo de De la Sota, es una payasada. Un `twitter´ a las cuatro y media de la mañana es inviable", dijo.

En el mismo sentido criticó también la carta que el mandatario provincial dijo haber enviado a Buenos Aires para informar del pedido que había hecho a través de las redes sociales. "Una carta y un twitter son una falta de respeto. Esto se podía haber previsto", remarcó Berni y aseguró que la misiva llegó esta mañana a la sede del Ejecutivo nacional "más de doce horas después de haberse iniciado" los saqueos a supermercados y "mientras el gobernador estaba de descanso" en una playa.

Más temprano, antes de que el conflicto se solucionara, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la protesta de los policías se trataba de "una cuestión de carácter salarial que le compete" al gobierno local, y aseguró no haber recibido "ningún llamado" del mandatario José Manuel de la Sota.

"En el marco de la madurez de las relaciones institucionales no tenemos ningún problema en construir una agenda en común (con el mandatario cordobés), pero con respeto", añadió Capitanich. "De acuerdo con la Constitución Nacional, la Nación adopta el sistema representativo, republicano y federal y, en el marco de las autonomías provinciales, la seguridad pública es una de sus competencias, con lo cual se trata de una cuestión de carácter salarial que compete a la provincia de Córdoba", remarcó en su contacto con la prensa en la Casa Rosada.

El jefe de ministros sostuvo también que el Gobierno nacional abrirá "un canal de comunicación" con la nueva ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y el secretario del área, Sergio Berni, para "monitorear la situación en Córdoba y establecer mecanismos de cooperación", aunque recalcó que el conflicto debe ser resuelto por el gobierno provincial.

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