El Consejo Superior de la UBA no aprobó y pasó a comisión un proyecto de resolución para que ninguna facultad de la casa partícipe de –o asesore a– organizaciones gubernamentales sin que sea aprobado por ese cuerpo. El proyecto de los radicales Martín Marcos y José Luis Giusti –funcionario macrista– era una respuesta al documento elaborado por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales sobre la cobertura realizada por los medios de comunicación durante el lockout agrario, que derivó en la convocatoria oficial a integrar el Observatorio de la Discriminación de los medios. Marcos y Giusti proponen que “ninguna facultad ni órgano dependiente de la UBA podrá integrarse, asesorar ni colaborar con entes u organismos dependientes de los gobiernos nacional, provincial o municipal cuyas actividades puedan afectar el ejercicio irrestricto del derecho a la libertad de expresión”.

Tras la sesión, el rector Rubén Hallú informó sobre los convenios firmados con la Secretaría de Obras Públicas. Por un lado, se destinarán 22.783.369 de pesos para la remodelación y la obra de edificios de la Facultad de Ciencias Sociales. Otros 4.337.3160 irán para distintos trabajos de gas, calefacción y tendido eléctrico en Exactas, Derecho y Filosofía y Letras, entre otras facultades.