Para ciertos sectores de derecha, los terratenientes y chacareros expresan la legítima protesta de los que producen contra los parásitos expropiadores posicionados en el Estado. Por ejemplo, el diario La Nación, en su editorial del 20 de abril, analiza los gastos del Estado para sostener la idea de que el interés del aumento a las retenciones es la caja política del aparato presidencial, en vez de una sincera preocupación por los sectores populares, como declama el Gobierno. Según este análisis, las nuevas retenciones recaudarían unos 11 mil millones de pesos más en 2008, pero esto engrosaría al aparato clientelista del kirchnerismo, no el gasto social. Siguiendo estos informes, entre 2003 y 2008 unos 60 mil millones de pesos estuvieron disponibles para el uso partidario del Gobierno, escapando del registro declarado en los presupuestos nacionales. Seguramente, el Gobierno tome fondos para uso partidario, y no sean los gastos sociales los que más aumentaron durante sus gestiones. Pero hay otro rubro, no el “político”, que explica la variación del gasto estatal. Como menciona el mismo diario: “La situación fiscal no es holgada y será crecientemente comprometida si no se reducen los subsidios y se sincera el sistema de tarifas y precios, y si no se actúa frente al creciente gasto político y burocrático”. Los subsidios a empresas han crecido, reconocen, y para corregirlo hay que “sincerar las tarifas”. Sin retenciones y con tarifas “sinceras” para las empresas: la estrategia antipopular es clara. Para combatir el déficit fiscal en ciernes, esa propuesta se hace eco del reclamo de las empresas, como las telefónicas, de mantener dolarizado el precio al público (por supuesto, no los salarios de los telefónicos). Del otro lado, el incremento de las retenciones, más que expresión de irracionalidad populista, apunta a mantener la acumulación de capital a nivel local. El Gobierno sostiene que el esquema de retenciones y peso devaluado es el más conveniente para la rentabilidad general del capital invertido en la Argentina, sea agroindustrial o industrial a secas. Lo que queda para discutir desde la perspectiva de los sectores populares es su participación en el producto. Los programas de los dos bandos en pugna “no son lo mismo” para los trabajadores. La política de los ruralistas supondría mayor desocupación, caída del salario mayor, y continuidad de una economía “abierta”. Es cierto que la participación de los asalariados en el producto y el salario real en el ciclo 2003-2008 no es mucho mayor que la de los ’90. Pero la devaluación del peso supuso cierta protección industrial que permitió reponer el salario de su caída en la crisis. Aun con una mayor tasa de ganancia empresarial, la situación de los trabajadores ha mejorado respecto de 1998-2002. De hecho, esta mejora dio lugar a la ola de protesta huelguística de 2005-2006, la cual planteó la recuperación histórica del salario. Frente a ello, rápidamente las patronales y el Gobierno han advertido que “reclamo salarial es inflacionario”. Desde entonces los sectores obreros han perdido la iniciativa sobre este punto, como reflejan las paritarias actuales. El conflicto entre capital agrario y Gobierno por la distribución de la renta agraria ofrece una oportunidad para la clase de los que producen la riqueza. Sus intereses apenas han sido visibilizados. Los dos bandos no son lo mismo. En la línea del cuerpo de delegados del subte y movimientos sociales, la derrota del lockout agrario debe ser aprovechada para avanzar, asimismo, sobre el capital industrial.

* Docente de Sociología (UBA).