La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo Néstor Kirchner están realmente enojados porque sienten que los empresarios agropecuarios se burlaron del Gobierno. Eso es lo que perciben quienes pueden hablar del tema con ellos. Creen que después de todos los beneficios que les fueron dando desde que se sentaron a dialogar, los ruralistas buscaron una excusa para volver al lockout en una decisión que, ya no tienen dudas, ven como absolutamente política.

En el Gobierno afirman que buscaron el diálogo por todos los medios y se chocaron con una pared de extorsión permanente. Por eso ahora se palpa que la idea dominante es la de actuar con la máxima dureza, pero sin llegar al punto de de-salojar las rutas por medio de la fuerza pública. “No les vamos a regalar la posibilidad de que se victimicen”, señaló un alto funcionario de la Casa Rosada a Página/12 al explicar por qué no iba intervenir la Gendarmería para garantizar el paso de camiones con alimentos.

Una de las medidas que el Gobierno se privó de aplicar durante los 21 días de lockout en marzo fue la de hacer regir la Ley de Abastecimiento. Ayer el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, le pidió al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que la ponga en marcha, en lo que puede ser leído como una señal de que el Gobierno está en ese camino. Dicen que podría haber otras medidas contra los protagonistas del lockout, pero nadie pudo o quiso comentar de qué se trataban.

En esa lógica, fuentes del Gobierno ratificaron que no va a haber diálogo con los ruralistas hasta que no levanten la medida de fuerza, como ayer anticipó Página/12. También esperan que en estos siete días que quedan hasta que se venza el lockout puedan volcar a la opinión pública a favor de la posición del Gobierno. Para eso, distintos funcionarios van a salir a explicar por todos los medios que puedan “lo injusto” del reclamo agropecuario y su índole política.

Como ocurrió durante el primer lockout de los ruralistas, en el Gobierno volvió a instalarse el debate de quiénes deben ser los que den esa pelea mediática. Los que en marzo criticaron en voz baja el protagonismo de Luis D’Elía y Hugo Moyano mantienen su postura en esta hipótesis: los trabajadores y la clase baja en general están más cerca de la posición del Gobierno, por lo tanto, lo necesario es convencer a la clase media y elegir bien a los mejores interlocutores para ese “target”.

En tanto, la Presidenta seguirá sin referirse públicamente al conflicto, aunque sí podría volver a hacerlo elípticamente, como ayer en Jujuy, donde dijo que los pobres “son la contracara de las minorías egoístas e insolidarias que nunca comprendieron el país ni lo comprenderán”. También dijo ser “castigada por pensar políticas diferentes” y se comprometió a “trabajar para que los que más tienen sean los que más aporten”. Todas claras alusiones a los dirigentes de las cámaras agropecuarias.

La reanudación del conflicto no estaba en los planes del Gobierno, que esperaba tener sentados a la mesa de concertación a los productores agropecuarios para firmar el Acuerdo del Bicentenario. Hasta ahora no hay noticias de que la nueva situación modifique la idea inicial de que el 25 de mayo sea puesta en marcha una suerte de relanzamiento de la gestión de CFK.