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La extensión de los años de obligatoriedad y la universalización del acceso al sistema educativo generan nuevas expectativas y desafíos en todas las dimensiones de la llamada calidad de la educación. Estas dimensiones van desde cuestiones estrictamente pedagógicas a institucionales, pasando por los recursos y la infraestructura necesaria así como también por las dimensiones laboral y sociocomunitaria implicadas en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Nadie duda ya que vivimos una mutación fundamental en los procesos de producción y transmisión de la cultura. Nuevas instituciones, nuevas demandas, nuevas tecnologías, nuevos sujetos, nuevas temporalidades para los que aprenden y enseñan a lo largo y ancho del país: alumnos y docentes, pero también padres y madres, directivos y autoridades educativas.

El neoliberalismo educativo en los ’90, y también el que busca reinstalarse encubriéndose detrás del reclamo de una calidad tecnocrática y excluyente, nos había dejado en las puertas del siglo XXI un sistema educativo fragmentado, de-sactualizado y sin convicciones. Sin inversión, con bajos salarios, sin equipamiento y con políticas que dejaban a los docentes a la deriva de los humores del mercado. En 2003 constatamos que en materia de formación docente se había acentuado la desarticulación del sistema formador; que la tradición escolarizada de los institutos formadores se había vuelto rígida y esto resultaba preocupante para enfrentar los nuevos desafíos de complejos contextos sociales; que se había desvinculado la formación docente de los problemas del resto del sistema y que la desregulación del Estado también había calado profundamente, por lo cual la formación de los maestros era un aquelarre con escaso sentido.

Ante esa situación, la nueva Ley Nacional de Educación impulsó la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, con la misión de elaborar e implementar una política nacional de formación docente que, recuperando el sentido político de la educación, buscando la construcción federal de políticas nacionales y el planeamiento integral y estratégico, pusiera en la agenda acciones concretas que revirtieran aquella situación.

Hoy podemos contar con logros como la extensión de la formación docente inicial a cuatro años, con la incorporación de la práctica docente desde el inicio de la carrera, con nuevas asignaturas, con la promoción y apoyo a la investigación educativa, con estrategias de apoyo a los docentes noveles, con un desarrollo profesional continuo a partir del uso intensivo de las TIC, con la democratización y jerarquización organizacional de los institutos, con becas para los estudiantes, con la participación y el protagonismo de los jóvenes a través de programas y proyectos comunitarios, con la revalorización de los ejes formativos fundamentales de la enseñanza en matemática y alfabetización inicial, con netbooks para estudiantes y docentes de institutos, en síntesis, con una creciente recuperación del sentido social y político de la formación que debe seguir profundizando su accionar.

No hay que confundir los diagnósticos con las políticas. La calidad educativa es el resultado de acciones colectivas, democráticas y participativas que buscan mejorarse; de lo contrario es la competencia del mercado, sus tecnócratas y la selección darwiniana del más exitoso. La educación es un derecho de todos los ciudadanos que el Estado debe garantizar, no es la competencia de un Estado seleccionador de los más aptos.

* Directora del Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación.