Víctor Roberto Olivera era uno de los “Pedros” de la ESMA, custodia del grupo de tareas del centro clandestino, mencionado como “Lindoro” entre los sobrevivientes del campo de exterminio que en los últimos meses –al compás de las declaraciones del juicio oral– lo situaron como uno de los responsables del asesinato de Raimundo Villaflor. Después de una decisión de la Cámara de Casación y de la confirmación del Tribunal Oral Federal 5, fue excarcelado en noviembre del año pasado, en un proceso intrincado de órdenes y contraórdenes rechazadas por los fiscales del juicio y luego por la Corte Suprema, que en abril ordenó detenerlo de nuevo. La Justicia no lo localizó, Lindoro fue declarado rebelde. El miércoles a la noche quedó detenido de nuevo, sólo días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. En este momento la Justicia Federal de Campana investiga ese hecho: Lindoro aparece como uno de los principales sospechosos del disparo, una situación que de confirmarse amplía la argumentación por la que los represores no podrían salir de la cárcel: no sólo la libertad pondría en peligro a los testigos sino, y a la luz de este caso, hasta a sus propias familias.

El caso Lindoro es paradigmático: refleja la situación de muchos de los represores acusados. Lindoro es uno de los marinos que reconoció en la etapa de instrucción su participación en la ESMA e imputó con sus relatos a varios de sus antiguos camaradas de armas. Negó, sin embargo, su alias, y entonces el modo con el que los sobrevivientes mencionan su participación en el caso Villaflor.

Lloró durante toda la declaración. Y estaba emocionalmente debilitado. El informe del Cuerpo Médico Forense elaborado cuando se discutía su excarcelación explicó que presenta una “afección” que “reviste la forma clínica de trastorno del humor”. Que, para el caso de recuperar la libertad, se recomendaba continuar con un tratamiento psiquiátrico que podía “llevarse a cabo bajo la forma ambulatoria toda vez que permanezca estable y que contara con la compañía y supervisión de una persona responsable para garantizar el tratamiento”, teniendo en cuenta el criterio de los médicos. “Su peligrosidad se encuentra supeditada –insistía el informe– a la continuidad del tratamiento psiquiátrico que no debe abandonar.”

Lindoro quedó libre en noviembre de 2010 por una decisión del Tribunal Oral, el mismo que tuvo fallidamente a cargo el control en la cárcel del represor Héctor Febres, que terminó suicidándose antes de conocer la condena. La fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky tomaron conocimiento de la libertad cuando todo estaba hecho, una decisión sobre la que ya se había pronunciado en contra el juez de primera instancia Sergio Torres, pero que contaba con el aval de Casación. Torres primero se negó. Casación lo rechazó. Torres apeló a la Corte Suprema, la Corte confirmó la denegatoria que volvió a Casación. Casación, así, tuvo que negarse en esa instancia, pero el Tribunal Oral 5, basándose en la primera resolución de Casación, ordenó liberarlo. Cuando la fiscalía lo supo interpuso un recurso; el Tribunal 5 lo rechazó, luego presentó otro en queja ante la Cámara, que también lo rechazó. Finalmente, en abril –y tal como lo venían diciendo los fiscales–, la Corte Suprema de Justicia volvió a ordenar la detención de Lindoro, pero esta vez ya era tarde.

Como todos los excarcelados, Lindoro cumplió con las presentaciones semanales de control hasta una semana antes de la decisión de la Corte. Para cuando el tribunal ordenó detenerlo, ya no lo encontraron. Lo declararon prófugo y en rebeldía.

Los disparos

Claudia es la ex mujer de Lindoro. Era una de sus garantes de la condición de libertad, fue quien dijo que estaba “prófugo” en el juzgado de Torres. También había pedido custodia para ella, para su hija y en la escuela: “El era su padre –dijo ayer a Página/12–, yo no podía saber si un día aparecía en la escuela para sacar a la nena, y si pasaba eso, ¿qué hacia yo?”.

El lunes, pasadas las 21.30, la casa recibió un disparo desde la calle. Los datos reunidos hasta aquí en la causa indican que el disparo se produjo desde un Fiat. La custodia, en ese momento, estaba en el fondo de la casa. El tiro le dio a la niña de 9 años que fue internada en estado grave e intervenida pero que se recupera favorablemente.

Las primeras sospechas recayeron sobre Lindoro. El juzgado además había recibido otras informaciones. La ausencia del represor no parecía deberse a una gran fuga orquestada: Lindoro seguía aparentemente en la zona. Lo habían visto entrar a pedir un auto en una remisería. Lo vieron pasar con unas bolsas. Con estos datos trabajó en las primeras horas la fiscalía de Pilar, que empezó a cerrar el cerco sobre el marino. Por conexidad con la causa ESMA, la causa pasó ayer al Juzgado Federal de Campana, donde deberán evaluar si finalmente Lindoro es víctima o imputado.

Una parte del caso Lindoro ayer quedó cerrada: el marino fue detenido nuevamente en la zona de Campana, a partir de averiguaciones que se estaban haciendo en el marco de la causa ESMA. Eso indica que la detención no estuvo vinculada en principio con el ataque a su casa, aunque un funcionario judicial aclaró que muy posiblemente seguiría prófugo si no se hubieran producido los disparos.

La Casación

La Cámara de Casación comenzó a dejar libre a los represores de las causas de lesa humanidad primero en cuentagotas y luego sistemáticamente durante todo el año pasado. La Corte terminó con esa tendencia a comienzos de este año con una resolución que tomó como argumento uno de los planteos presentados por Torres sobre la vulnerabilidad de los testigos.

¿Pero cuál es la legitimidad de estos reclamos? Cuando un imputado pasa dos años preso sin condena tiene derecho a la excarcelación. La Justicia se la puede dar o puede extenderle la prisión preventiva hasta el momento de la condena, una decisión que los fiscales y querellas reclaman para los acusados de los delitos de lesa humanidad porque consideran que no son causas comunes, entre otras cosas por los años de impunidad que tuvieron los represores y por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Esos fueron los argumentos por los que la fiscalía intentó impedir la salida de Lindoro. Pero, además, este represor estaba preso desde hacía poco tiempo y tenía problemas psicológicos, sin contar que había un fallo previo de la Corte Suprema que limitaba las excarcelaciones.

El cuadro psicológico terminó ahora siendo importante. Y al haber sido excarcelado quedó sin control. Cuando un acusado se convierte en prófugo, deja además el tratamiento, y reaparece la peligrosidad.