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El conflicto por el retiro forzado de profesores en la Universidad de Buenos Aires sigue despertando polémica. Cuando parecía que se había instalado un sistema que resolvía provisoriamente el problema, surgieron nuevas bajas en las cátedras y equipos de investigación de la universidad. El Consejo Superior se había comprometido a recontratar a los profesores mayores de 65 años que fueran requeridos por sus facultades. Pero en la última renovación de designaciones, de los 650 docentes afectados alrededor de 150 quedaron afuera de la prórroga, según la denuncia gremial. El Rectorado “sigue sin respetar la ley nacional (de jubilación universitaria). Es una purga institucional”, dijo Adriana Clemente, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, la unidad académica más amenazada por las jubilaciones compulsivas.

La presión gremial y el reclamo de la comunidad académica condujo a la prórroga (hasta diciembre) de al menos 500 designaciones docentes que iban a fin de este mes. Se trata de profesores mayores de 65 años con derecho a ejercer la docencia hasta los 70, opción consagrada por la ley 26.508 de 2009. El Rectorado de la UBA sostiene que esa norma contradice su estatuto, que fija los 65 años como tope para dar clases. Así, resguardada en su autonomía, la UBA comienza a bajarles el pulgar a quienes ingresan en este rango etario.

De acuerdo con la denuncia de la Asociación Gremial Docente, son 152 los profesores que quedaron afuera de las designaciones que el Consejo Superior debía aprobar la semana pasada. “Es una situación de extrema discrecionalidad; las facultades tienen que nombrar a los docentes afectados y luego el Consejo Superior decide si aprobar las designaciones o no”, dijo el titular de AGD, Santiago Gándara. Según el dirigente gremial, las unidades académicas que “están a la cabeza de estas nuevas cesantías” son Ciencias Sociales, Psicología y el Ciclo Básico Común.

La vicedecana de Sociales, Adriana Clemente, le confirmó a este diario que 25 profesores de su casa fueron excluidos de las designaciones, pese a que su continuidad había sido requerida al Consejo Superior. “Siguen en una tesitura de no respetar la ley nacional, y ahora avanzan con los que tienen menos capacidad de defensa, pero no menos capacidad de trabajo”, señaló Clemente. Es que de los 25 retiros forzados, 15 son docentes auxiliares: “Todos absolutamente activos y con grandes responsabilidades ante los estudiantes”, completó Clemente.

El gremio Feduba manifestó estar a favor de “la plena vigencia de la ley”, y en este sentido sostuvo que “las distintas resoluciones del Superior no hacen más que limitar la ley y afectar a los docentes”. Según evaluó su secretario gremial, Federico Montero, es necesario “abocarse a resolver concretamente la situación de los docentes afectados. En algunos casos informarlos y asesorarlos, ya que algunos quieren jubilarse, y en otros, poner en marcha acciones gremiales y judiciales que tutelen el derecho de los docentes a permanecer en los cargos”. Montero indicó que “la solución de fondo es discutir la carrera docente tal como se aprobó en la paritaria nacional”.

El gremio Aduba no acreditó la denuncia de AGD: “Sé que hay algunos casos (de cesantías), pero no me consta el número –dijo su titular, Daniel Ricci–. Desconozco que haya casos que llegaron al Consejo Superior y que hayan sido rechazados, pero puede haber situaciones específicas que hayan quedado afuera por alguna razón administrativa –dijo–. Algunos pueden tener más de 70 años, o a otros quizá les haya interesado jubilarse”. Con todo, Ricci consideró que “siempre que el Consejo Superior vaya renovando las designaciones, la cuestión quedará saldada”.

Informe: Agustín Saavedra.