El envío de remesas al exterior es un segmento que históricamente mostró abusos en cuanto al cobro de comisiones y cargos por el servicio. Con el endurecimiento en los controles oficiales a la compra de divisas, quedaron además sospechadas de ser utilizadas como un canal de elusión cambiaria. Western Union cobra hoy hasta el 50 por ciento de lo remitido al exterior en concepto de comisión. Para evitar tales abusos el Banco Central está delineando un marco reglamentario, señalaron a este diario fuentes de la entidad monetaria. Para cerrar el cerco el Central buscará también regular las cámaras compensadoras o casas de clearing, los sistemas de pagos –como Pago Fácil, propiedad también de Western Union– y las transportadoras de caudales. Desde el BC aclaran que para los inmigrantes que deban enviar dinero a sus familias existe un código específico que les permite hacerlo mediante transferencia bancaria.

Previo a la reforma de la Carta Orgánica del Central, las actividades de las remesadoras se encontraban en “una especie de zona gris”, según reconoció un funcionario del organismo. En los últimos años recibieron un seguimiento más exhaustivo por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), pero este control sólo buscaba cumplir con las normas internacionales contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. “Estamos terminando de elaborar la reglamentación de las remesadoras, para evitar potenciales abusos que se concretan con envíos al exterior y para atender las denuncias acerca de que estas firmas estarían intermediando operaciones de cambio (es decir, comprando y vendiendo divisas) para ganar con la diferencia”, explicaron desde el Central. El proyecto apunta a subsanar esas zonas grises y deja abierta la posibilidad de extender el ámbito de influencia del Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, hacia nuevas actividades, cuyo accionar tenga directa o indirectamente efectos sobre el sistema financiero.

Con el mayor control a la compra de moneda extranjera, la concurrencia a las sucursales de Western Union creció notablemente. La empresa permite enviar pesos y transformarlos a la cotización oficial a la moneda del país de destino, lo que fue aprovechado por algunos especuladores que reclutaban residentes extranjeros para enviar dinero a una cuenta en el exterior. Con documento extranjero se permite enviar al país de nacimiento hasta el equivalente a 1300 pesos por persona cada 30 días. Por día se registraban entre diez y quince extranjeros que enviaban a un mismo destinatario el máximo posible de envío. El dinero retornaba físicamente al país para su venta en el segmento informal. Previo a los controles de octubre, el costo para la transferencia a países de la región iba desde 5 dólares hasta un 5 por ciento del monto. También se podía remitir entonces hasta el equivalente a 7500 dólares.

Esta operatoria no se vio interrumpida por un mayor control, sino por el explosivo incremento en los costos que definió la empresa. Luego de limitar los montos de envío de remesas y bloquear transferencias a otros destinos que no sean países sudamericanos, elevó el mes pasado su tarifa hasta un tope de entre 40 o 50 por ciento del monto a girar. En la región, las comisiones cobradas en otros países donde opera la empresa no superan el 15 por ciento del envío. Más allá de este encarecimiento, la compañía no solicita ninguna información extra al interesado más que el documento de identidad. En el caso de recepción de divisas desde el exterior no hace entrega de la moneda extranjera, sino que las convierte a pesos.

Si bien este cuadro tarifario desincentiva la especulación, también complica a los residentes extranjeros que quieren por esta vía enviar dinero a sus familias. Desde el Central recordaron que mientras se avance en la reglamentación para este sector, los extranjeros pueden hacerlo a través de los bancos sin necesidad de validación previa. “La norma cambiaria permite el libre acceso al mercado local de cambios de residentes para la transferencia al exterior de fondos en concepto de ayuda familiar”, según la comunicación “A” 5318 del BCRA. “Estas operaciones no requieren validación por parte de la AFIP ni que se realicen con débito a una cuenta bancaria del cliente”, explicaron desde la entidad monetaria.