Boaventura de Sousa Santos nos revela en su libro La universidad y la emancipación social todos los mecanismos por los cuales estas instituciones se fueron mercantilizando convirtiéndose en un servicio de alta rentabilidad, como proponía la Organización Mundial de Comercio, y transnacionalizándose como mercado universitario. Las ideas clave que fueron usadas como argumentos “progresistas” para llevar a cabo estos cambios fueron la necesidad de incluirse en la “sociedad del conocimiento” y “de la información”. Las políticas del Banco Mundial, impuestas en base a créditos para programas especiales, recomendaban limitar la autonomía, la democracia y la gratuidad y promovían, además, investigaciones vinculadas con las grandes corporaciones. El ahogo presupuestario fue el mecanismo decisivo para alcanzar tales cambios sin demasiadas resistencias.

No obstante estas políticas, Santos destaca el pasaje contradictorio e interesante que se produce desde el conocimiento “universitario” hacia el que él denomina “pluriuniversitario”, y que cuestiona en profundidad al de la etapa anterior. Si el conocimiento “universitario” era disciplinar, homogéneo, desarrollado en sistemas jerarquizados con autonomía de los investigadores –lo que se traducía en irresponsabilidad social de sus resultados–, el “pluriuniversitario” es contextual, aplicado, heterogéneo, con tendencia a ser productivo en sistemas abiertos, menos perennes y desarrollado en organizaciones flexibles y con menos jerarquizaciones. Y en esta transición es donde se centra la factibilidad de una construcción universitaria diferente. Los investigadores tienen ahora condiciones institucionales para optar por un trabajo fructífero y necesario en el espacio de las economías regionales, movimientos sociales, iniciativas productivas autogestionadas, apoyo tecnológico a estos sectores, etcétera.

Pero, llegado a este punto del pensamiento de Santos, me interrogo acerca de las fuertes restricciones macroinstitucionales en la opción por una “pluriuniversidad” que desconoce y cuestiona la mercantilización. Es posible, considerando la vigente hegemonía neoliberal, construir una universidad consciente de la situación que atravesamos, producir científicos críticos de una ciencia irresponsable y articular los conocimientos científicos con otros saberes sociales desde una posición de legitimación y respeto. En la universidad argentina, por ejemplo, los convenios con el sector privado se expandieron en pocos años de un modo exponencial. Aparecieron posgrados de “agronegocios” financiados por los beneficiarios de esta expansión. La corporación Monsanto, cuestionada por su falta de ética en todo el mundo, financia anualmente premios otorgados por el Conicet, desconociendo las recomendaciones contrarias que ha hecho la Comisión Nacional de Etica de la Secretaria de Ciencia y Técnica. En ese marco institucional, el acompañamiento a los sectores que sufren las consecuencias de la expansión sojera (desplazamiento violento de sus tierras, intoxicación con glifosato, etc.), y que construyen sus propios mundos, es más un acto de firme voluntad política académica que una acción reconocida por la institución. ¿Podremos los universitarios argentinos construir una institución que escape a los dictados del mercado global? ¿Estamos de acuerdo en qué es un pensamiento “progresista” en el siglo XXI? ¿Sabemos cómo articularlo con la universidad?

* Profesora e investigadora de la UBA. La nota se basa en su prefacio al libro en prensa de Boaventura de Sousa Santos, La universidad y la emancipación social.