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La resolución firmada el miércoles por varios consejeros superiores constituye una inadmisible amenaza represiva contra los estudiantes que ocupan la sala de sesiones del Rectorado. No sólo prepara las condiciones para una intervención policial, sino que decreta que dentro de la universidad no tendrían validez las distintas formas de protesta social, las “medidas de fuerza” que cuentan hasta con reconocimiento constitucional y que son el único recurso con el cual históricamente los sectores populares han conseguido sus reclamos. ¿Qué dirán los consejeros superiores y el rector de los desocupados que cortan rutas o de los trabajadores que ocupan fábricas? Y si ante demandas tan elementales como los cinco puntos que reclaman los alumnos (edificio único, no intervención a la carrera de Sociología, desprocesamiento de dos estudiantes, etc.) responden así, ¿cómo lo harían ante movilizaciones como la del 19 y 20 de diciembre donde millones pusieron en cuestión la “institucionalidad” toda? ¿O ante los estudiantes que en 1918, con una huelga estudiantil, protagonizaron la reforma de la cual la actual universidad se dice “heredera”? Para los consejeros superiores lo deseable es una universidad donde lo “normal” sea la obediencia pasiva a lo que decidan sus “representantes” y no una en la que los alumnos, docentes y no docentes ejerzan su “poder constituyente”. Una concepción similar a la que esgrimen quienes han sabido ser “intelectuales orgánicos” de los políticos “transformistas” y hoy reducen toda su “ciencia” a demonizar a los estudiantes y los que busquen un cambio desde abajo. Por ello no extraña que consideren un “ejemplo democrático” al estatuto universitario (no modificado ¡desde 1956!), que niega voto y representación a los no docentes y permite que en la elección de autoridades el peso decisivo esté concentrado en un puñado de profesores, estando subrepresentados los docentes mal llamados “auxiliares” y los estudiantes, que son considerados “ciudadanos de segunda”. De ahí que la amenaza represiva a los estudiantes de Sociales esté en línea con el intento golpista e intervencionista contra la carrera de Sociología, cuya codirección (votada en la junta de carrera y en el consejo directivo) es producto de una masiva elección directa bajo el innovador y democratizador principio de “una persona, un voto”. Temen que si criterios verdaderamente democráticos se extienden a toda la UBA, el régimen de componendas y prebendas actual, continuidad “gatopardista” del shuberoffismo, no pueda mantenerse. Ante una amenaza represiva que busca la rendición de los estudiantes, redoblar nuestra solidaridad con su lucha es una respuesta elemental. Extendamos hacia ellos el lema que han popularizado los trabajadores de las fábricas tomadas: “Si tocan a un estudiante de Sociales, nos tocan a todos”.

* Docente y codirector de Sociología (UBA); dirigente del PTS.